El monte Hijedo, a caballo entre Castilla y León y Cantabria, es una gran masa de robledal, de las tres más importantes de España, de la que existen referencias hace más de 1000 años. La parte de Castilla y León cubre 1.650 hectáreas, la mayor parte del Monte de Utilidad Pública (MUP) 303 en territorio de los municipios burgaleses de Alfoz de Santa Gadea y Ariza.
Habiendo sufrido una importante degradación en el pasado, la gestión de la administración forestal desde mediados del siglo XX permitió su recuperación. Los robledales albares en la Comunidad totalizan unas 24.000 hectáreas en masas puras y están presentes en otras 50.000 más en mezclas.
La gestión forestal es una garantía de conservación y, gracias a ella, el monte Hijedo es hoy una zona especial de conservación. El modelo de gestión de la Junta de Castilla y León en los montes de utilidad pública permite aplicar una gestión forestal sostenible por medio de profesionales cualificados y, al mismo tiempo, que las entidades propietarias participen en la gestión y reciban los beneficios del aprovechamiento sostenible.
Un modelo de gestión para los robledales
La gestión forestal debe ser integral e incluir las masas de frondosas autóctonas. En su estado actual lo que procede es hacer claras, ya que el estado de recuperación del monte propicia una cobertura regular excesivamente densa para un correcto desarrollo y vitalidad de los árboles. De momento se obtiene sobre todo leña, pero si se aplica la selvicultura adecuada en el futuro, se producirá madera de mucha más calidad y valor, al tiempo que se fomentará la conservación de los valores naturales y de los servicios ecosistémicos.
El monte está ordenado y cuenta con certificación de gestión forestal sostenible PEFC, y en él se aplica selvicultura próxima a la naturaleza. Gestionar el territorio y conseguir paisajes resilientes y utilizados de forma racional es la clave para prevenir incendios.
El valor total de los aprovechamientos forestales de los 3.548 MUP gestionados por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio –que se extienden por una superficie de 1,8 millones de hectáreas– es de 40 millones de euros al año, que repercuten en sus propietarios –los ayuntamientos–, correspondiendo más de la mitad de este montante global a madera –incluyendo leña y biomasa–, con más de 23 millones. En la provincia de Burgos, los 668 MUP (320.000 hectáreas) suponen siete millones de euros al año, correspondiendo 3,8 a la madera.
Modelo de prevención de incendios forestales
La organización de la ganadería, incluyendo el acotamiento de las zonas quemadas, es la clave para la prevención de incendios. En esta zona se ha pasado de una tradición de quema de pastizales para su renovación a un mantenimiento mediante desbroces, en el que colaboran los propios ganaderos, las entidades propietarias y la Junta. La reducción tanto en el número de incendios como en la superficie quemada en el norte de Burgos ha sido evidente, pasando de una media de más de 120 incendios anuales hace 20 años a menos de 30 en la actualidad.
Para lograr estos resultados, las medidas de organización del pastoreo han ido acompañadas de la puesta en marcha por parte de esta Consejería de planes silvopastorales, siendo tal vez la comarca de Castilla y León más paradigmática en cuanto a la aplicación de estas medidas y su resultado territorial.
En el actual Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 –ampliado al período 2014-2022, con pagos hasta 2025–, dentro de las medidas forestales se han aprobado y pagado 781 solicitudes de planes silvopastorales por un importe de 28.388.997,93 euros y en una superficie de 35.486,25 hectáreas. En el actual Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC), se prevé dar continuidad a este programa de ayudas silvopastorales con una primera convocatoria en el año 2025 por importe de 10 millones de euros.
Esta labor silvopastoral se complementa con la que llevan a cabo en la masa forestal de los MUP las cuadrillas Romeo del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León ( INFOCAL). El acuerdo del Diálogo Social de septiembre de 2022 ha dado lugar a un incremento sustancial de la duración de los contratos de estas cuadrillas y el número de personas contratadas en los distintos meses, multiplicando así la capacidad de abordar labores selvícolas y preventivas. En concreto, su coste se elevará en 2024 a 45 millones de euros en toda Castilla y León, cuando en 2022 apenas llegaba a 25.
