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El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha hecho públicas hoy las bases reguladoras de una línea de subvenciones para que las residencias se adapten al modelo de atención integral centrada en la persona (AICP) y a las nuevas unidades de convivencia. A la espera de la convocatoria, que se publicará en los próximos días, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pone a disposición de administraciones y entidades 15 millones de euros a través de los cuales se podrán financiar las obras necesarias para acometer dicha transformación. De esa cantidad, el 70 % (10,5 millones) irá destinado a centros de mayores, mientras que el 30 % restante (4,5 millones) sufragará las reformas de las instalaciones que acogen a personas con discapacidad.
Esta subvención complementa a las ayudas destinadas a diputaciones provinciales y entidades locales con población superior a los 20.000 habitantes. En total y entre 2021 y 2023, han sido 13.277.394 euros los destinados con cargo a los fondos europeos a la realización de obras para la adaptación de centros residenciales al nuevo modelo.
Los potenciales beneficiarios de la ayuda anunciada con anterioridad por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y que recoge hoy el Bocyl serán municipios de menos de 20.000 habitantes, organizaciones sin ánimo de lucro y pequeñas y medianas empresas pertenecientes al sector de los cuidados de ambos colectivos, cuya plantilla no exceda de los 250 trabajadores y cuya facturación sea inferior a 50 millones de euros. Deberán desarrollar su actividad en el territorio de Castilla y León, estar debidamente inscritas en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de carácter social y estar al corriente de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con la Comunidad Autónoma, así como no haber incurrido en ninguna causa de prohibición para percibir la ayuda. Además, las entidades del Tercer Sector deberán estar registradas en su correspondiente censo.
Con dicha subvención, que se otorgará en régimen de concurrencia competitiva, se financiará hasta el 100 % del presupuesto aceptado −porcentaje que también podrá sufragarse por anticipado−, hasta un máximo de 80.000 euros, y el plazo de ejecución se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2024.
Las actuaciones que pueden ser subvencionadas deberán tener como finalidad la adaptación de los centros residenciales y de día para cuidados de larga duración al nuevo modelo de atención integral centrada en la persona y a las unidades de convivencia. Además, habrán de tener la condición de indispensables para su ejecución y no deberán superar el valor de mercado. De este modo, se financiará tanto la planificación y la preparación del proyecto arquitectónico o la memoria valorada como las propias obras. Estas deberán acometerse en el ámbito territorial autonómico.
En cuanto a los criterios de valoración, se dará prioridad y, por tanto, mayor puntuación a los centros residenciales frente a los de día, a los ubicados en pequeños municipios, a los que instalen mayor número de unidades de convivencia, a quienes ya cuenten con varias de estas unidades, a las entidades públicas o sin ánimo de lucro que tengan plazas concertadas y a las obras de menor coste.
Esta línea de subvenciones viene de la mano de la reciente aprobación, por el Consejo de Gobierno, del Proyecto de Ley del Modelo de Atención para Cuidados de Larga Duración de Castilla y León, cuya regulación se extiende a las administraciones públicas y a las entidades privadas, y tanto a los centros de nueva creación como a la adaptación de los existentes a las más innovadoras fórmulas de cuidados. El objetivo es profundizar en la humanización y calidad de la asistencia colocando al usuario en el centro, dotándolo de más derechos y transformando las instalaciones en espacios asimilables a su propio hogar.
La convocatoria se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de la Comunidad, donde se concretarán los plazos de presentación de solicitudes y se detallará la instrucción del procedimiento, cuyo responsable es la Dirección General de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia.
