El 28 de septiembre, la UNESCO conmemora el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, una fecha que subraya el derecho fundamental de los ciudadanos a solicitar y recibir información pública. Este derecho es un pilar esencial para la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en cualquier administración moderna.
La Junta de Castilla y León ha puesto de manifiesto su compromiso con este principio, diferenciando la información pública específica —aquella en poder de la Administración y accesible a través del Portal de Transparencia o mediante solicitud— de la información general de atención al ciudadano. Según el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, «facilitar esta información fortalece la confianza en las instituciones y promueve una gestión más abierta, responsable y alineada con las demandas ciudadanas”.
La memoria de 2024 del Comisionado de la Transparencia, publicada en agosto, analiza cómo se ha ejercido este derecho, destacando la gestión de la Junta. Durante 2024, la Administración autonómica recibió 590 solicitudes de acceso a la información pública. La Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno gestionó estas peticiones de forma transversal, ofreciendo información de las diez consejerías.
Alta tasa de respuesta y gestión eficaz
Los datos recogidos en el informe reflejan la eficacia de la gestión de la Junta: de las 590 solicitudes recibidas, 443 fueron resueltas de forma estimatoria (un 75%), proporcionando toda la información al interesado. Solo 4 solicitudes fueron desestimadas (un 0,6% del total), en cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos. Las peticiones restantes fueron mayoritariamente inadmitidas por no ser información pública o requerir reelaboración, o fueron derivadas a otras administraciones.
Un dato relevante que destaca la memoria es la reducción del número de solicitudes dirigidas a la Junta por segundo año consecutivo, pasando de 832 en 2022 y 728 en 2023 a las 590 de 2024. Esta disminución obedece a dos factores principales: el continuo incremento de contenidos publicados en los portales de Gobierno Abierto, Transparencia y Datos Abiertos, que permiten a los ciudadanos acceder directamente a la información, y la mejor y más eficaz gestión de las solicitudes recibidas.
En este sentido, la Consejería de la Presidencia ha intensificado la formación de los empleados públicos de las Delegaciones Territoriales, capacitándolos para identificar y calificar correctamente las peticiones de información, derivando o limitando aquellas que exceden el ámbito de la Junta o incumplen la protección de datos.
Menos reclamaciones contra la Administración Autonómica
Respecto a las reclamaciones ante el Comisionado, las presentadas contra las resoluciones de la Administración General de Castilla y León representan menos de un tercio del total (154 de 546). Las reclamaciones contra las entidades locales (ayuntamientos y diputaciones) alcanzaron las 350, el 64% del total. Además, de las 154 reclamaciones contra la Junta, solo 27 fueron estimadas totalmente por la Comisión de Transparencia.
Como subrayó González Gago, estos datos «permiten seguir mejorando el acceso a la información pública, ajustando nuestros procedimientos y reforzando la formación del personal para responder con eficacia. Este compromiso continuo es clave para consolidar una administración más abierta, cercana y preparada para atender las necesidades de la ciudadanía”.
