El consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, ha remitido al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática cuáles serán sus propuestas de orden del día de cara a la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebrará el día 6 de junio en Barcelona. Dichas propuestas se debatirán entre las comunidades autónomas y el ministro en el Comité Preparatorio del próximo miércoles 28 de mayo, reunión de la que saldrá un orden del día definitivo y consensuado.
González Gago ha trasladado cuáles son los temas que la Junta de Castilla y León propone incluir en este orden del día, en coherencia con las preocupaciones que los ciudadanos de Castilla y León han expresado durante los últimos meses, y que, al mismo tiempo, son de interés nacional por ser problemas que se manifiestan por igual en todas las comunidades autónomas. En este sentido, el consejero ha subrayado que “es muy importante alcanzar acuerdos en el seno de la Conferencia de Presidentes, máximo órgano de cooperación multilateral, para abordar los desafíos comunes que enfrenta la sociedad en su conjunto y los asuntos de mayor calado político, y es igualmente importante que estos acuerdos puedan llevarse posteriormente a la práctica”.
La primera de las propuestas es la de buscar un acuerdo en torno a las infraestructuras y servicios estratégicos esenciales energéticos, ferroviarios, de transportes y de telecomunicaciones. La Junta de Castilla y León entiende que es fundamental que el Estado y las comunidades autónomas alcancen consensos sobre el futuro de estas infraestructuras, teniendo en cuenta, especialmente, las sucesivas crisis nacionales que se han producido durante los últimos meses y semanas, como el apagón, los problemas de las infraestructuras ferroviarias y su reflejo en la merma de la calidad de los servicios prestados por RENFE, o los cortes de cobertura móvil. A ello se suma, también, la supresión de las paradas de autobús o la reducción en las frecuencias de los trenes por parte del Gobierno de España. En estos sectores, la coordinación entre administraciones es vital para asegurar la continuidad y la seguridad de los servicios, así como para poder responder eficazmente a posibles crisis o emergencias futuras. Del mismo modo, las administraciones deben buscar la mejor manera de adaptarse a los retos tecnológicos y medioambientales para poder asegurar el buen funcionamiento de estos sectores, sin causar perjuicios innecesarios a la población de ningún territorio.
Por otro lado, Castilla y León también propondrá continuar con el debate sobre un nuevo modelo de financiación autonómica que sea justo para todas las comunidades autónomas, y que tenga realmente en cuenta las particularidades de cada territorio. Este punto ya se incorporó en el orden del día de la última Conferencia de Presidentes, a finales del año pasado, pero desde ese momento el Gobierno de España no ha materializado ningún avance tangible. Por esta razón, la Junta de Castilla y León ve conveniente recuperar este debate y volver a plantear sus propuestas para avanzar en la cohesión entre comunidades autónomas, incluyendo el estado de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y las entidades locales. Además, y de forma particular, la Junta pedirá debatir sobre la condonación de la deuda a las comunidades autónomas: una condonación a la que la Junta se opone en los términos planteados por el Gobierno de España por significar una mutualización de la deuda entre todos los españoles, no garantizando la igualdad entre ciudadanos de diferentes comunidades autónomas. Este tema no fue tratado en la última Conferencia de Presidentes, y, sin embargo, se trasladó al Consejo de Política Fiscal y Financiera presidido por la ministra de Hacienda.
La Junta de Castilla y León también propondrá la necesidad de abordar durante la Conferencia de Presidentes el control de las fronteras nacionales y la inmigración como competencias exclusivas del Estado, especialmente a la luz de las preocupaciones suscitadas por el anuncio de cesión de competencias en dichas materias a ciertas comunidades autónomas.
Por último, la Administración autonómica volverá a trasladar la necesidad de tratar los problemas derivados del déficit de personal sanitario (médicos y enfermeros), sobre todo en determinadas especialidades.
Al margen de estos temas que propondrá la Junta de Castilla y León, el Gobierno de España ya ha adelantado otras dos propuestas por parte del Estado: la educación y la vivienda.
El Gobierno autonómico considera aceptables estas propuestas. La Junta ve conveniente debatir sobre la situación actual del sistema educativo español y su adaptación al nuevo marco normativo que regula tanto el sistema universitario, a través de la LOSU, como la formación profesional, a través de la Ley Orgánica de 2022. Además, la Junta de Castilla y León ha pedido abordar, dentro de este punto del orden del día, el modelo de educación gratuita de 0 a 3 años, financiado al 100% por la Administración autonómica, y trasladará al Gobierno de España la necesidad de que se implique también en colaborar con dicha financiación, al ser este tramo educativo de carácter obligatorio.
Por otro lado, en el caso de la vivienda, la Junta considera que la coordinación entre las diferentes administraciones competentes es fundamental para garantizar un acceso equitativo a la vivienda digna, y para enfrentar desafíos como la subida de precios o la escasez de oferta inmobiliaria. Por tanto, el Gobierno autonómico estima oportuno llegar a acuerdos en este sentido en el seno de la Conferencia de Presidentes. En todo caso, la Junta de Castilla y León propondrá incluir específicamente dentro de este punto el problema de la ocupación de viviendas, con el objetivo de avanzar en la seguridad jurídica de los propietarios y proteger su derecho a la propiedad.
González Gago espera receptividad por parte del Ministerio y del resto de comunidades autónomas hacia las propuestas formuladas por la Junta de Castilla y León, y ha reiterado su deseo de que “la Conferencia de Presidentes sea un espacio de diálogo y consenso, donde se logren compromisos efectivos que mejoren realmente la vida de los ciudadanos y que fortalezcan la colaboración entre administraciones”.
