La Junta de Castilla y León financia proyectos contra la pobreza en países en desarrollo con una partida de aproximadamente 3.800.000 euros para 2025, en el marco de la convocatoria de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Consejería de la Presidencia.
El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publica la resolución de las líneas de subvención destinadas a proyectos de desarrollo y microproyectos en el exterior, con 3.300.000 euros reservados para los primeros y 500.000 euros para los segundos.
Según la Administración autonómica, estas ayudas buscan reducir las desigualdades, impulsar el desarrollo humano y mejorar de forma sostenible las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables.
25 proyectos en 10 países y cerca de 250.000 beneficiarios
En total, se apoyarán 25 iniciativas: 15 proyectos de desarrollo y 10 microproyectos, que se ejecutarán en 10 países empobrecidos de América y África.
Las actuaciones se llevarán a cabo en Bolivia, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras, así como en Senegal, Mozambique, Burkina Faso, República Democrática del Congo y Guinea-Bisáu. Las intervenciones prevén beneficiar a casi 250.000 personas de estas regiones.
Los proyectos de desarrollo tendrán una duración máxima de dos años y una financiación que no podrá superar los 300.000 euros por iniciativa. Por su parte, los microproyectos contarán con un plazo de ejecución de hasta un año y una cuantía máxima de 63.750 euros.
De este modo, la Junta de Castilla y León financia proyectos contra la pobreza con una combinación de intervenciones de mayor recorrido y acciones más ágiles, adaptadas a contextos locales específicos.
Agua, alimentación, salud y educación como ejes prioritarios
Las líneas de trabajo se enmarcan en las prioridades fijadas por el IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y León, que orienta la planificación de la política autonómica en esta materia.
Entre los proyectos que se financiarán en 2025, el 44 % se centra en garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento, el 36 % se dirige a mejorar la seguridad alimentaria, y alrededor del 8 % se orienta a la promoción de la salud. Además, se incluyen iniciativas vinculadas a la educación y a la vivienda digna.
En el ámbito del agua y saneamiento, se apoyan 7 proyectos y 4 microproyectos en Bolivia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Burkina Faso y Mozambique. Las acciones incluyen:
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Refuerzo de los sistemas públicos de abastecimiento de agua.
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Construcción de pozos y mejora del acceso a agua potable.
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Instalación de sistemas de filtrado y plantas potabilizadoras.
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Programas integrales de gestión del agua, con medidas de saneamiento y tratamiento de aguas residuales.
En cuanto a la alimentación, se financiarán 7 proyectos y 2 microproyectos centrados en iniciativas productivas agrarias, la recuperación de suelos agrícolas y la diversificación de cultivos, especialmente entre poblaciones indígenas. Estas acciones se desarrollarán en Guatemala, Honduras, El Salvador y Senegal, con el objetivo de garantizar dietas que cumplan la pirámide nutricional y reduzcan la inseguridad alimentaria.
Educación, salud y vivienda con enfoque en colectivos vulnerables
La educación también ocupa un lugar relevante en las subvenciones. En Guinea-Bisáu y en la República Democrática del Congo se financiarán dos intervenciones orientadas a la promoción de una educación inclusiva en comunidades desfavorecidas y a garantizar el derecho a la educación básica y la formación profesional de mujeres jóvenes.
En el terreno de la salud, se apoyan dos proyectos en Guatemala y Honduras. Uno de ellos se centrará en el desarrollo integral de la primera infancia, con especial atención a la nutrición, mientras que el otro buscará mejorar el acceso a la atención sanitaria de personas afectadas por violencias y situaciones de vulnerabilidad.
En el ámbito de la vivienda, se financiará un proyecto en Guatemala enfocado en la gestión ambiental y la soberanía de las comunidades, con medidas de participación vecinal y mejora de las condiciones habitacionales.
Todas estas intervenciones comparten un enfoque transversal: se dirigen a colectivos especialmente vulnerables, como mujeres, niños y jóvenes, pueblos indígenas, población desplazada, comunidades campesinas y personas enfermas o dependientes.
Cooperación con ONGs y apuesta por un desarrollo sostenible
La Junta de Castilla y León financia proyectos contra la pobreza a través de organizaciones no gubernamentales especializadas en cooperación internacional, que se encargarán de ejecutar las actuaciones sobre el terreno.
Más allá de responder a necesidades urgentes, las ayudas se plantean como una inversión a medio y largo plazo, con el objetivo de impulsar buenas prácticas, facilitar formación, y dotar a las comunidades de infraestructuras básicas que les permitan avanzar hacia sociedades más prósperas y autosuficientes.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha subrayado que el objetivo es mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables en países empobrecidos, respetando los estándares internacionales en Derechos Humanos. Asimismo, ha destacado la solidaridad de la ciudadanía de Castilla y León y ha defendido que la Administración autonómica debe estar a la altura de ese compromiso.
Con esta convocatoria, la Junta de Castilla y León financia proyectos contra la pobreza alineados con la agenda internacional de desarrollo sostenible y refuerza su papel como actor de la cooperación internacional, con impacto directo sobre miles de personas en algunos de los territorios más frágiles del planeta.
