La Junta de Castilla y León ha aprobado hoy un incremento de casi 24 millones de euros en la financiación para los servicios sociales de la región. El aumento se realiza a través de una adenda al Acuerdo Marco 2024-2027 y se distribuirá en las tres anualidades restantes del pacto, con un aumento inicial de 8.473.591 euros para 2025.
La adenda, que asciende a 23.724.314 euros, busca adaptar los servicios a las necesidades de los ciudadanos y se destinará a varios programas clave.
Inversión en ayuda a domicilio y personal
El grueso de la partida, 18.870.000 euros, se asignará al servicio de ayuda a domicilio. Este servicio es esencial para que las personas mayores y en situación de dependencia puedan seguir viviendo en sus hogares, especialmente en el medio rural. Con este nuevo presupuesto, el monto total para los cuatro años del acuerdo asciende a 415 millones de euros, lo que supone un aumento de 109 millones (un 36%) con respecto al período anterior.
Además, se ha incrementado la partida para las retribuciones del personal técnico de Servicios Sociales en 4.252.887 euros. Este monto busca equiparar los salarios con los módulos del personal y cubrir los incrementos salariales. La Junta también aumentará el número de profesionales en 25 personas, alcanzando un total de 1.429 técnicos. El 53% de estos profesionales trabaja en el medio rural.
Ayudas para residencias y emergencia social
El acuerdo también destinará 556.372 euros para actualizar la financiación de los centros residenciales y de día para personas mayores en situación de dependencia. El objetivo es ayudar a mantener las plazas existentes en estos centros y reforzar otras prestaciones, como la formación de cuidadores no profesionales.
Por último, la Junta ha incluido en las partidas de emergencia social ayudas para las familias que se han quedado sin hogar debido a los incendios que han afectado a la comunidad. A través de este Acuerdo Marco, se financiarán los gastos de alojamiento temporal mientras se rehabilitan las viviendas dañadas.
El Acuerdo Marco es una herramienta de cooperación entre la Junta y las corporaciones locales para la financiación de políticas sociales, garantizando la estabilidad y la continuidad de la atención a las personas más vulnerables.
