La magnitud de los incendios forestales que han asolado Castilla y León en las últimas semanas ha dejado una cicatriz profunda no solo en el paisaje natural, sino también en el corazón de su economía rural. El sector agrario y ganadero, espina dorsal de la comunidad, se ha visto gravemente afectado, perdiendo infraestructuras vitales, pastos y, en muchos casos, animales. Ante esta emergencia sin precedentes, el Gobierno autonómico ha activado un mecanismo de respuesta rápida y contundente, liderado por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, quien ha presidido una reunión extraordinaria del Consejo Agrario de Castilla y León para trasladar un mensaje de acción inmediata y solidaridad con las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS).
El objetivo principal de este encuentro, convocado con urgencia, ha sido analizar en profundidad el impacto devastador de las llamas en el sector agrario y ganadero y, lo que es más importante, poner sobre la mesa las primeras medidas de apoyo en las que el Ejecutivo autonómico está trabajando. Estas iniciativas, ya adelantadas por el presidente Mañueco, se articularán en un plan de actuación inmediata que será concretado en el próximo Consejo de Gobierno y que, en palabras de la consejera, busca ser «generoso y eficaz» para paliar los daños sufridos con la mayor celeridad.
La consejera María González Corral ha desglosado tres ejes fundamentales sobre los que pivotará este plan, diseñados para abordar las necesidades más apremiantes de los agricultores y ganaderos. El primero de ellos, y quizás el más visible, es la reconstrucción de las infraestructuras públicas ligadas a la actividad agrícola y/o ganadera que han sido pasto de las llamas. Esto incluye una amplia gama de elementos esenciales para el funcionamiento diario de las explotaciones: cercas perimetrales y divisiones internas que delimitan los pastos, vallados para el ganado, naves de almacenamiento y resguardo, silos que contenían la cosecha de forraje, bebederos y abrevaderos, e incluso caminos rurales que han quedado impracticables. La destrucción de estas infraestructuras supone un golpe demoledor, paralizando la actividad productiva y comprometiendo la viabilidad de las explotaciones ganaderas. La Junta de Castilla y León, consciente de esta realidad, ha puesto la reconstrucción como una prioridad absoluta, asegurando que se destinarán todos los recursos necesarios para que la recuperación sea lo más rápida posible.
Un segundo pilar del plan de choque aborda una cuestión de suma importancia para el sector: la flexibilización de los condicionantes de la PAC. La Política Agrícola Común (PAC) impone una serie de requisitos y plazos que, en un escenario de catástrofe como el actual, resultan imposibles de cumplir para los afectados. La pérdida de pastos o de cultivos, la muerte de animales o la destrucción de maquinaria pueden llevar a que un agricultor o ganadero no pueda cumplir con los criterios exigidos para recibir las ayudas. La consejera ha asegurado que el Gobierno autonómico está trabajando para evitar que los afectados sean penalizados por causas de fuerza mayor. Esta medida de sentido común es vital para garantizar que las ayudas europeas, que son cruciales para la supervivencia de las explotaciones agrarias, sigan llegando a quienes más las necesitan sin verse mermadas por una situación de emergencia fuera de su control.
El tercer pilar es de naturaleza puramente asistencial y de emergencia. Se trata de un sistema de emergencia para el abastecimiento de alimentación y agua al ganado. Con miles de hectáreas de pastos calcinadas y fuentes de agua destruidas o contaminadas, muchos ganaderos se encuentran en una situación desesperada, sin medios para alimentar o hidratar a sus rebaños. La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un operativo que se canalizará, en un primer momento, a través de los servicios territoriales de las provincias afectadas para una respuesta inmediata. Posteriormente, y para una gestión más eficiente y cercana, se trabajará en estrecha coordinación con los ayuntamientos de los municipios damnificados, asegurando que cada explotación reciba el apoyo logístico necesario para mantener a sus animales. La rapidez en esta medida es fundamental para evitar la desnutrición y la deshidratación del ganado, que podría llevar a un colapso total de muchas granjas.
La consejera González Corral ha insistido en que el Gobierno autonómico está actuando con la máxima eficacia y generosidad, poniendo a disposición todos los medios que sean necesarios, a pesar de que algunos de los incendios sigan activos. Ha reiterado el compromiso de la Junta de atender todas las necesidades registradas y ha prometido una coordinación constante con las OPAS para garantizar que las ayudas lleguen a las explotaciones ganaderas a la mayor brevedad posible.
En un gesto de empatía, González Corral ha trasladado su más sentido pésame a los familiares de las víctimas y ha expresado su apoyo a todos los heridos por las llamas, reconociendo el inmenso dolor que esta tragedia ha causado. Su defensa del trabajo de la Junta no se ha limitado a las medidas de reconstrucción, sino que también ha puesto en valor el esfuerzo titánico que se ha realizado y se sigue realizando en la contención y extinción de los fuegos, un trabajo que es la base para cualquier posterior plan de reconstrucción.
En definitiva, la reunión extraordinaria del Consejo Agrario ha servido como un punto de inflexión. Lejos de quedarse en el lamento, la Junta de Castilla y León ha demostrado que la maquinaria de la reconstrucción ya está en marcha. A través de un plan de choque bien definido y con una comunicación directa con las OPAS, el Gobierno autonómico busca no solo paliar los daños del presente, sino también ofrecer una hoja de ruta clara para el futuro de un sector agrario que, a pesar de las cicatrices, se niega a rendirse. El camino será largo, pero la mano tendida de la Junta es un primer paso firme y decidido hacia la recuperación.
