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El vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha presidido esta mañana el Consejo de Cooperación para el Desarrollo, órgano en el que se ha abordado el estado de elaboración del IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y León 2021-2024, que recogerá las prioridades en esta materia para los próximos años, asumiendo los nuevos retos que plantea el nuevo contexto internacional, y en el que se consolidará el Enfoque Basado en Derechos Humanos. De los 4.418.737 euros destinados a Cooperación para el Desarrollo por parte de esta Consejería en 2020, la ayuda económica no reembolsable –proyectos de cooperación y microacciones en el exterior- es el ámbito de mayor cuantía, con una cifra de 3.708.537 euros.
Una de las competencias de esta consejería es la Cooperación para el Desarrollo, que se gestiona mediante la Dirección General de Acción Exterior de manera coordinada con otras Administraciones públicas y el Gobierno de España, tanto en la elaboración de estrategias de actuación comunes y de seguimiento y evaluación, entre otras. En el Consejo de Cooperación para el Desarrollo celebrado hoy, el consejero Francisco Igea ha destacado que “el trabajo con cada agente de cooperación, el trabajo interno y con otras Administraciones y la apuesta clara por que la cooperación sea una política pública, evaluable, modernizada y adaptada a los tiempos son cuestiones sobre las que ha girado la actividad del Servicio de Cooperación para el Desarrollo en este año 2020”.
El IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y León 2021-2024 ya se está elaborando mediante un proceso participado, en el que interviene el conjunto de los actores de la cooperación internacional para el desarrollo en la Comunidad en el debate, la reflexión conjunta y la redacción del propio plan. Cuatro grupos de trabajo canalizan estos trabajos: uno vinculado con los aspectos generales, otro con la acción humanitaria, un tercero centrado en las intervenciones de desarrollo en países empobrecidos -cooperación económica no reembolsable y cooperación técnica- y un cuarto grupo centrado en la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global.
Transformación social y rendición de cuentas
De los asuntos planteados en estos grupos de trabajo es reseñable la faceta de educación y sensibilización. El concepto educación para el desarrollo evoluciona hacia una nueva terminología y definición acuñada como “Educación para la Ciudadanía Global y la Trasformación Social”. En definitiva, el IV Plan Director mantendrá entre sus ejes de actuación prioritarios todo lo concerniente con la información y sensibilización a la ciudadanía, la formación y educación, la investigación y la movilización social y la participación ciudadana.
A pesar del trabajo iniciado, en este Consejo de Cooperación para el Desarrollo se ha expuesto la necesidad de prorrogar el plan director vigente, y la continuación de la redacción de uno nuevo que pueda ver la luz al finalizar el primer semestre de 2021. La crisis sanitaria derivada de la pandemia global de la COVID-19 ha ralentizado el calendario de trabajo previsto, por lo que excepcionalmente se prorroga durante un año más (2021) el III Plan Director que expiraba en este ejercicio. No obstante, sus objetivos siguen siendo pertinentes y aún más en estos momentos, dado el deterioro de las condiciones de vida y socio-sanitarias de los colectivos vulnerables de los países en desarrollo con los que colabora la Junta de Castilla y León.
4,4 millones de euros invertidos durante el año 2020
El presupuesto que finalmente quedará ejecutado en este ejercicio 2020 ascenderá a 4.414.837 € que, según las modalidades prioritarias recogidas en el III Plan Director que abarca los años 2017-2020, se distribuye del siguiente modo: ayuda económica no reembolsable –convocatoria de proyectos de cooperación y microacciones en el exterior-, 3.708.537 euros; Educación para el Desarrollo, 255.950 euros; gastos de administración y gestión, 223.000 euros; ayuda humanitaria, 200.000 euros; y cooperación técnica, 31.250 euros.
La citada ayuda económica no reembolsable ha supuesto el 83,9 % de la ayuda oficial al desarrollo de Castilla y León y con ella se han concedido 27 ayudas –de un total de 73 solicitudes recibidas- para apoyar a 12 países empobrecidos. En función del ámbito geográfico de este tipo de intervenciones, avanza el peso creciente de África Subsahariana, que alcanza el 50,5 % de la financiación concedida en 2020. A América del Sur se ha dirigido el 21,3 %; a América Central y Caribe, el 21,1 %; y a Asía, el 6,9 %
En función del sector, en 2020 el mayor porcentaje de intervenciones concedidas lo concentran las intervenciones para garantizar el Derecho al Agua y el Saneamiento con un 37,8 % de las intervenciones, de las que cinco se han destinado a África Subsahariana y dos a América Central y el Caribe. El Derecho a la Educación, que tradicionalmente es uno de los más financiados por esta convocatoria, concentra el 29,7 % y ocho intervenciones distribuidas por todos los ámbitos geográficos que se contemplan en el plan director vigente. Las intervenciones destinadas a promover el Derecho Humano a la Alimentación alcanzan un 20,6 % con seis proyectos.
Entre los proyectos de cooperación, destaca el cumplimiento del Derecho Humano al Agua y Saneamiento que ha englobado 1.261.760 euros de los fondos concedidos y la mayor parte de estas intervenciones se ubican en África Subsahariana. Con estos proyectos se pretende garantizar la disponibilidad y accesibilidad al agua mediante la instalación de puntos de acceso de agua. Además de la construcción y reparación de los puntos de acceso a agua potable, los proyectos incorporan elementos de sensibilización y formación en la gestión y uso del agua para garantizar la sostenibilidad.
El Derecho Humano a la Educación al que se han concedido 894.255 euros en seis proyectos se ve también ampliamente marcado por el acceso al agua, ya que varias de los proyectos subvencionados están dirigidos a mejorar la infraestructura educativa mediante la construcción de puntos de acceso al agua potable y de saneamiento básico mediante letrinas y lavamanos, así como proyectos de mejora de calidad educativa y de adecuación cultural y bilingüismo en algunas de las intervenciones.
Al Derecho Humano a la Alimentación se han destinado 629.388 euros, fundamentalmente para países de América del Sur, destinados a la mejora de disponibilidad de alimento mediante el acceso a huertas o con la mejora de conocimiento y la productividad de pequeños productores agrícolas, mayoritariamente de mujeres. En menor medida, con dos únicas intervenciones, se ha financiado el ejercicio del Derecho Humano a la Salud y el Derecho Humano a la Vivienda Digna, con la construcción de viviendas para colectivos.
Ayuda humanitaria durante la pandemia global de la COVID-19
En el marco de la acción humanitaria implementada por la Junta de Castilla y León durante el año 2020 se han concedido cuatro ayudas para responder a los diferentes contextos de crisis humanitarias cronificadas que han visto agravadas su situación o emergencias que se han producido en el año.
Dos de ellas, mediante Cruz Roja Española y con una cantidad de 85.000 euros, para facilitar medidas de prevención y control de la propagación de la COVID-19 y refuerzo alimentario en centros de educación especial en los campamentos saharauis así como apoyo en la lucha contra la pandemia de COVID 19 en Colombia en zonas de acogida de población desplazada y refugiada.
Este año se ha concedido una subvención de 30.000 euros a UNICEF para suministros de higiene adecuados para las familias más vulnerables y de protección esencial para el personal sanitario en Siria frente a la pandemia de la COVID-19. Y además, a la UNRWA se le ha concedido otra subvención de 35.000 euros para promocionar prácticas adecuadas de higiene y limpieza, distanciamiento social, triaje y EPI en los Centros de Salud de UNRWA en Siria, también para hacer frente a la COVID-19.
A estas intervenciones financiadas de forma directa se suman las cuatro intervenciones apoyadas por medio del fondo creado entre la AECID y la Cooperación Descentralizada, al que Castilla y León contribuye con 50.000 euros y que se aprobaron en la reunión de la Comisión del Seguimiento del Convenio con el Ministerio y todas las CCAA para determinar las crisis que serán apoyadas en 2020.
