La Junta de Castilla y León, a través de la Viceconsejería de Bienestar Social dirigida por Esperanza Vázquez, ha articulado con las diputaciones provinciales y los municipios castellanos y leoneses de más de 20.000 habitantes la adenda de actualización del Acuerdo Marco de financiación de los Servicios Sociales. Esta revisión presupuestaria supone la incorporación de 30 millones de euros adicionales, elevando la dotación global del convenio plurianual (2024-2027) hasta alcanzar los 780 millones de euros.
El mecanismo de financiación concertada sostiene la red de equipos de acción social básica en los CEAS, así como las unidades multidisciplinares de segundo nivel que gestionan programas de atención a la dependencia, igualdad de oportunidades y gestión de centros residenciales de titularidad municipal. La inyección de recursos públicos busca preservar la equidad en la prestación de servicios esenciales en todo el mapa regional, asegurando al mismo tiempo el marco de liquidez y suficiencia financiera de las entidades locales competentes.
Del montante total aprobado en la adenda, 20 millones de euros se destinarán de forma específica al refuerzo del servicio de ayuda a domicilio, prestación clave para fijar población mayor o con grados de dependencia en el medio rural garantizando la asistencia especializada en sus propios domicilios. De forma paralela, el incremento presupuestario absorbe la actualización de los módulos salariales del personal técnico e incrementa las plantillas destinadas a agilizar las valoraciones de dependencia.
El acuerdo contempla asimismo el aumento de las partidas destinadas al Programa de Envejecimiento Activo gestionado por las corporaciones provinciales, la prevención de la dependencia en personas con discapacidad menores de 65 años y los programas de atención temprana infantil (0 a 6 años) en municipios como Aranda de Duero, Medina del Campo y Miranda de Ebro, garantizando el sostenimiento económico de los centros de día y residencias de titularidad local.
