La Junta de Castilla y León ha lamentado la decisión adoptada hoy por las Cortes autonómicas de no convalidar el Decreto-Ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de incendios forestales relativas al personal al servicio de la Administración autonómica.
Según la Consejería de la Presidencia, este escenario impide desplegar el paquete de actuaciones previsto en la norma, diseñado para modernizar y profesionalizar el operativo público. La advertencia se centra en que, sin este marco legal, el Decreto Ley 1 2025 Castilla y León queda sin recorrido inmediato y se corre el riesgo de paralizar o retrasar mejoras consideradas estructurales para la campaña de incendios.
Desde el Ejecutivo autonómico se subraya que la decisión de las Cortes «afecta directamente a la estructura, la organización y la capacidad de respuesta del operativo de lucha contra incendios forestales», cuyo funcionamiento es clave para la protección del medio natural y de las zonas rurales.
Medidas clave que quedan sin horizonte claro
El Decreto-Ley ahora decaído incluía un conjunto de cambios que la Junta considera esenciales para dotar de estabilidad al dispositivo. Entre las medidas más destacadas figuraban:
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La fijeza de los puestos fijos discontinuos durante todo el año, con el objetivo de garantizar una presencia estable de personal especializado más allá de la campaña estival.
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La creación del nuevo Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B, con sus correspondientes complementos retributivos, como reconocimiento a la mayor cualificación y responsabilidad de estos profesionales.
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La progresiva implantación de un operativo 100 % público, reduciendo la dependencia de medios externos.
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La calificación de bombero forestal para el personal del operativo, con los beneficios salariales y sociales asociados a esta figura profesional.
Con la no convalidación, estas medidas «quedan sin un horizonte de aplicación definido», según señala la Consejería. En la práctica, el Decreto Ley 1 2025 Castilla y León deja de ser la vía inmediata para avanzar en esta reestructuración del operativo de prevención y extinción de incendios.
Impacto en 2.200 puestos y 20 millones en mejoras laborales
La Junta cifra el alcance del Decreto-Ley en alrededor de 2.200 puestos de trabajo vinculados al dispositivo antiincendios. La norma preveía inversiones por valor de unos 20 millones de euros en mejoras laborales, retribuciones y estructura profesional del operativo.
Estas cantidades se ligaban directamente a la actualización de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs) que se estaban negociando y que afectaban a brigadas, retenes, agentes medioambientales y otros perfiles técnicos. La no convalidación implica, según la Junta, que estas mejoras «no podrán materializarse en los términos y plazos previstos».
Además, el texto rechazado buscaba alinear la normativa autonómica con dos leyes básicas estatales recientemente aprobadas: la Ley de Agentes Forestales y Medioambientales y la Ley de Bomberos Forestales, ambas de 2024. La Junta considera que el Decreto Ley 1 2025 Castilla y León era el instrumento elegido para dar cumplimiento a estas obligaciones en el ámbito regional.
Advertencia sobre la capacidad de respuesta ante emergencias
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha subrayado la dimensión operativa de la decisión parlamentaria. Según ha explicado, «la no convalidación del Decreto-Ley afecta no solo a las condiciones laborales de los profesionales del operativo, sino también a la capacidad de respuesta ante emergencias que comprometen la seguridad del medio natural».
En este contexto, el Ejecutivo autonómico insiste en que un operativo estable, profesionalizado y con dedicación anual resulta determinante para reducir el riesgo, anticipar escenarios de peligro y mejorar la coordinación en la lucha contra grandes incendios forestales.
La Junta alerta de que la paralización del Decreto Ley 1 2025 Castilla y León introduce incertidumbre en la planificación de futuras campañas y obliga a replantear el calendario de las reformas previstas.
La Junta mantiene su apuesta por un modelo profesionalizado
Pese al revés parlamentario, el Gobierno autonómico reitera su compromiso con un modelo moderno y profesionalizado de prevención y extinción de incendios. La Consejería de la Presidencia apunta que seguirá trabajando para que aquellas medidas que requieren rango de ley puedan retomarse en el futuro, ya sea mediante una nueva iniciativa normativa o en el marco de acuerdos amplios en las Cortes.
El Ejecutivo autonómico insiste en que será necesario recuperar el consenso político y social para avanzar en la consolidación de un operativo cien por cien público, con condiciones laborales equiparables a las nuevas exigencias técnicas y ambientales.
En este escenario, la Junta considera prioritario reabrir el diálogo con los grupos parlamentarios y con los representantes de los trabajadores, con el objetivo de rescatar el contenido esencial del Decreto Ley 1 2025 Castilla y León y dar seguridad jurídica a las reformas que afectan al servicio público de prevención y extinción de incendios forestales.
