La Consejería de Industria, Comercio y Empleo, liderada por Mariano Veganzones, como parte de su compromiso con los empleados, otorgará una subvención de 40.000 euros para afrontar el pago de las nóminas de los trabajadores y paliar así las consecuencias de una gestión inadecuada, con bloqueo de decisiones, provocada por la negativa de los sindicatos a cualquier iniciativa de ahorro.
La Junta, a través de la Consejería, aprobará una aportación extraordinaria con el objeto de que los trabajadores de la fundación puedan percibir sus retribuciones en este final de año, a pesar de que la dirección del SERLA no ha adoptado las medidas de austeridad acordadas por el patronato, dejando sin liquidez las cuentas de la fundación para el pago de las nóminas de los trabajadores.
La Junta, a propuesta de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y con la viabilidad y aprobación de la Consejería de Economía y Hacienda, ofreció en junio al SERLA la cesión gratuita de instalaciones que podrían haber supuesto una reducción de gastos del SERLA de hasta 110.000 euros, cuantía más que suficiente como para sufragar los gastos que ahora tiene que financiar el Gobierno autonómico.
A pesar de los esfuerzos de la Junta, patronal y sindicatos no han adoptado ninguna medida de austeridad, provocando el posible impago de las nóminas de diciembre de los trabajadores del SERLA.
Esta situación anómala obedece a la oposición de los sindicatos a cesar al director de la Fundación, Julio Cordero, ante los constantes incumplimientos de las decisiones adoptadas por la mayoría de patronos en el órgano de gobierno de la fundación, y a aglutinar sus funciones en el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.
Para el ejercicio de 2024, la Junta mantendrá su compromiso de financiación con 400.000 euros, instando nuevamente a los agentes sociales y al director del SERLA a adoptar medidas de austeridad. Se destaca la propuesta de trasladar las dependencias a la sede de la Oficina Territorial de Trabajo, como una de las iniciativas que, junto a otras, como la reducción de altos cargos o de duplicidades en los gastos de mediadores, ahorrarían aproximadamente 200.000 euros anuales.
