En concreto, aquellos en los que Santos Cerdán figura como titular, autorizado o representante, con exclusión de las vinculadas al PSOE y a la Fundación Pablo Iglesias, así como bienes inmuebles o vehículos.
También se requiere información tributaria del investigado para conocer su situación financiera y la evolución de la misma. Porque ésa es la otra novedad del día: ya está formalmente imputado y se retrasa su declaración judicial voluntaria.Registro y la UCO
La investigación de cuentas bancarias, tal como solicitó la UCO en su informe de 5 de junio, se extiende a cuentas y productos bancarios de 5 empresarios, que además han sido ya imputados, y de sus empresas.
En total, el número de cuentas bancarias que se van a investigar son cerca de 500Del mismo modo el instructor requiere al ex ministro de Transportes para que facilite a los agentes de la UCO el acceso y clonado de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa de uso personal exclusivo de Ábalos.
Además, el juez requirió al PSOE para que facilitase a los agentes de la UCO la entrada en sus instalaciones para proceder al acceso y grabado (clonado) de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa de la que Cerdán disponía en dicho partido político. Ese registro ya se ha producido este mediodía.
Al respecto, el instructor señala que, conforme al informe de la UCO de 5 de junio en el que aprecióindicios contra Cerdán, dicho correo habría sido facilitado por éste a Koldo García, también investigado en esta causa, para que dirigiera a dicha dirección telemática ciertas comunicaciones relevantes.
5 empresarios imputados
Asimismo, el instructor acuerda citar entre el 4 y el 7 de julio, con la condición de investigados/imputados, a 5 empresarios como personas que, “en su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles, habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de éstas de concretas obras públicas a cambio de precio”.
Añade el juez que “tratándose de personas que, siempre en los términos indiciarios que corresponden a la fase procesal en la que nos encontramos, pudieran haber participado en la realización de pagos que, en parte, habría podido recibir la persona aforada en esta causa especial, la conducta de aquellos aparecería también indisociablemente unida a la de éste, debiendo quedar incorporados, en la referida condición de investigados, a la presente causa especial”.
Respecto a ellos, el juez también accede a la petición de la UCO, recogida en su informe del 5 de junio, de requerir la información bancaria con relación a las cuentas o productos que aparezcan a nombre de cualquiera de los mencionados investigados o al de las empresas, Acciona, L.I.C, O.P.R., y Servinabar 2000, en cuyo beneficio podrían haber actuado, así como a nombre de FIADELSO, fundación estrechamente vinculada a Santos Cerdan
Isabel Pardo de Vera
El instructor señala que el informe policial identifica también las obras que, durante el periodo en el que Ábalos fue ministro de Transportes, pudieron haber sido adjudicadas irregularmente. Con el fin de profundizar en el modo en que se produjeron dichas adjudicaciones, en el auto acuerda requerir a Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y a la Dirección General de Carreteras para que le remita, en un plazo máximo de 15 días, los expedientes de adjudicación de diversas obras. En concreto, solicita toda la documentación relativa a la licitación de 5 obras a Adif (San Feliú de Llobregat, El Mayor, Murcia, Monforte y Asturias) y de 6 a la Dirección General de Carreteras (Logroño, Sevilla, Asturias, Úbeda, Teruel, Camino de Santiago).
El magistrado explica que, a su juicio, del informe de la UCO de 5 de junio resultan “indicios consistentes” respecto a que la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el ex director general de Carreteras, Javier Herrero, “hubieran podido prestar, en el marco de las indebidas adjudicaciones”, asistencia a Ábalos, a través de Koldo, “para que las adjudicaciones proyectadas por ellos pudieran llegar a buen término”, facilitando de manera inmediata la información conveniente que obraba en los diferentes expedientes, o la salida a licitación de otros, siguiendo las directrices que el Ministro, a través de su asesor, les impartía.
