La Guardia Civil ha investigado a siete personas vinculadas a centros de formación en Castilla y León por presuntas irregularidades relacionadas con los controles biométricos de asistencia a los cursos de obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP). Estas prácticas podrían constituir delitos de falsedad documental y atentan contra la seguridad del transporte.
Irregularidades en los registros de asistencia
Durante el pasado otoño, en colaboración con los Servicios de Inspección del Transporte de la Junta de Castilla y León, el Sector de Tráfico con sede en León detectó que alumnos habrían obtenido su cualificación sin asistir presencialmente a los cursos obligatorios, incumpliendo la normativa europea y nacional. Estas irregularidades fueron descubiertas gracias a 49 inspecciones realizadas en diversos centros de formación de las provincias de León, Valladolid, Palencia y Ávila.
Como resultado de estas investigaciones, siete responsables de centros de formación fueron puestos a disposición judicial, enfrentándose a posibles cargos de falsificación de los registros electrónicos de asistencia. En el marco de la operación, se realizaron 87 declaraciones a alumnos y profesores, consolidando las pruebas de las actividades ilícitas.
Colaboración activa para evitar fraudes
Los Grupos de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) continúan apoyando a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León en la supervisión de los exámenes de capacitación presencial. Este trabajo busca prevenir futuros casos de fraude y garantizar la transparencia en el proceso de formación de los transportistas.
La APP AlertCops, una herramienta clave de seguridad
La Guardia Civil recuerda la utilidad de la aplicación móvil AlertCops, una plataforma gratuita que permite a los ciudadanos comunicarse rápidamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La app no solo facilita el reporte de situaciones delictivas, sino que también emite alertas geolocalizadas en caso de emergencias.
Esta acción refuerza el compromiso de las autoridades en garantizar la legalidad y seguridad en el sector del transporte profesional, velando por el cumplimiento de las normativas y protegiendo la competencia leal.
