En concreto, al finalizar el tercer trimestre de 2024 suponía el 4,2% del total de las comunidades, contabilizado en 333.177 millones de euros.
A 30 de septiembre de 2024 Castilla y León acumulaba 14.006 millones de euros de pasivo. Esta cantidad representa el 18,7% de su Producto Interior Bruto, lo que supone un descenso interanual de más de un punto porcentual (1,3%) mientras que la media autonómica solo lo hizo en 0,8 puntos porcentuales. En términos absolutos, la deuda de Castilla y León al final del tercer trimestre de 2024 es un 0,25% inferior a la de hace un año, frente al incremento del 2,36% experimentado por el endeudamiento del conjunto de comunidades.
En el cálculo del volumen de deuda autonómica el supervisor bancario incluye los créditos reintegrables que la Administración de la Comunidad concede a las empresas, cuantificados en 215,6 millones de euros, así como el llamado “factoring sin recurso” –créditos comerciales con la Administración cedidos a entidades financieras–, que añade 202,8 millones de euros y también el endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada por 246,1 millones de euros.
El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas), atendiendo a quiénes son los prestamistas, revela que, a 30 de septiembre de 2024, el mayor importe corresponde a las emisiones de deuda pública que representan el 21,1%, con 2.950 millones de euros. En segundo lugar, se encuentra el Fondo de Facilidad Financiera con 1.774,2 millones de euros, –en concreto, el 12,7%- correspondiente a préstamos concertados en los años 2015 y 2020.
Como prestamistas relevantes figuran también las entidades financieras multilaterales, como son el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con 1.310,2 millones de euros, aproximadamente un 9,3% de la deuda de la Comunidad.
Por otro lado, el 95,4% del endeudamiento castellano y leonés correspondía a la Administración General, frente al 4,6% de universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.
Respecto a los plazos de vencimiento, el 98,5% de la deuda viva de la Comunidad está formalizada a largo plazo frente al 1,5% firmada a corto, lo que minimiza los riesgos de refinanciación. Asimismo, el 69,8% está concertado a tipo de interés fijo y el 30,2% a variable, un reparto que permite mitigar el efecto de subidas del Euribor y, está en su totalidad suscrita en euros.
El moderado nivel de endeudamiento, en comparación con otras autonomías, es uno de los aspectos que la agencia Moody´s ha valorado favorablemente en su decisión del pasado mes de marzo de mejorar el perfil financiero de la Comunidad elevando el rating Baa1 a perspectiva positiva, ratificando de este modo la misma calificación que el reino de España.
Sin deuda de empresas públicas no sectorizadas
Finalmente, cabe señalar que el Banco de España, además, contabiliza en 4.100 millones de euros la deuda de aquellas empresas públicas autonómicas que no están incluidas en el perímetro SEC 2010, sin que Castilla y León tenga asignada ninguna cuantía adicional. De este modo, teniendo en cuenta los datos de todo el sector público autonómico, la ratio media de endeudamiento con respecto a PIB se elevaría al acabar el tercer trimestre de 2024 al 21,6%, frente al 18,7% de Castilla y León.
