La batalla legal por la baliza V16 ha dado un nuevo paso. Pyramid Consulting ha presentado una demanda en el orden contencioso-administrativo contra una sanción relacionada con este sistema de señalización y solicita que el asunto se eleve a Europa mediante cuestión prejudicial. Según el despacho, el procedimiento ya está en marcha y abre un debate de fondo sobre si la obligatoriedad de la baliza se asentó sobre una base jurídica suficientemente sólida.
El movimiento llega en un momento especialmente sensible para miles de conductores, también en León, porque la información oficial no ha cambiado: la DGT sigue indicando que la baliza es válida en todo el territorio nacional y obligatoria desde el 1 de enero de 2026. Además, la web del organismo recuerda que la normativa española solo reconoce la baliza V16 conectada como medio legal para señalizar un vehículo inmovilizado, mientras que los triángulos quedan reservados para vehículos matriculados en otros países que circulen en España en régimen internacional.
La clave de la demanda está en dos frentes. Por un lado, Pyramid sostiene que pudo vulnerarse el principio de confianza legítima tras las declaraciones públicas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que habló de un periodo “razonable” de flexibilidad sin sanciones al inicio de la implantación. RTVE recogió el 8 de enero de 2026 que Interior aseguró que las fuerzas de seguridad serían flexibles y no multarían durante un tiempo no concretado, priorizando la información frente a la sanción.
Por otro lado, el despacho cuestiona si la regulación de la baliza V16 debía haberse comunicado antes a Bruselas como posible reglamento técnico. La propia Comisión Europea explica en su sistema TRIS que la Directiva (UE) 2015/1535 obliga a los Estados miembros a notificar los proyectos de reglamentaciones técnicas antes de su adopción, precisamente para evitar obstáculos al mercado interior.
Sin embargo, el debate jurídico no está cerrado. RTVE publicó, tras consultar a la Comisión Europea, que son los propios Estados miembros quienes deben valorar si una medida nacional debe notificarse conforme a esa directiva. En esa misma información, Interior defendió que en el caso español esa notificación no era necesaria porque la implantación de la baliza V16 no suponía una restricción a la libre circulación de mercancías, personas o servicios en la Unión Europea.
En términos prácticos, el caso introduce incertidumbre política y jurídica, pero no modifica por ahora el mensaje oficial que reciben los conductores. Para quienes circulan a diario por León y por el resto de España, la referencia vigente sigue siendo la de la DGT: la baliza V16 conectada continúa figurando como el único sistema legal de preseñalización para vehículos españoles inmovilizados.
