La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de León quiere poner de manifiesto el riesgo que suponen para el país las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros, consistentes en la paralización de la actividad industrial no considerada esencial, así como en la aprobación de una licencia retribuida para los trabajadores durante el periodo de inactividad.
Con estas decisiones se plantea una situación de riesgo extremo para las empresas, más si cabe cuando el 90% de la base empresarial del conjunto del Estado está integrada por pymes y autónomos.
Las últimas medidas adoptadas por el Gobierno español van a suponer para las empresas una carga de difícil asunción. Así, a las dificultades y condicionamientos para la presentación de expedientes temporales de regulación de empleo, se une la prohibición de realizar despidos o extinciones de contratos de trabajo basados en fuerza mayor o causas objetivas, algo que pudiera considerarse contrario a la libertad de empresa. Ha sido el propio Gobierno, a través de su Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el que ha advertido de la exhaustiva revisión que, con posterioridad, se va a realizar de los expedientes de regulación de empleo temporal presentados con ocasión de la crisis del COVID-19.
Los empresarios han mostrado, desde el inicio de esta terrible crisis sanitaria, su compromiso y responsabilidad con la sociedad, creando un nuevo modelo de trabajo condicionado por las excepcionales circunstancias del momento. Es por ello por lo que quienes ejercen una actividad empresarial necesitan, ahora más que nunca, apoyo, y no el establecimiento de trabas que dificulten el desarrollo de su trabajo.
Las medidas laborales aprobadas no van a suponer ningún beneficio; el hecho de que las empresas tengan que asumir nueve días de permiso retribuido a los trabajadores no sólo no va a conseguir el efecto perseguido, sino que llevará a una inexorable destrucción de numerosos puestos de trabajo.
Una avalancha de solicitudes de concurso voluntario será el escenario más probable al que nos enfrentemos en los próximos tiempos. Las empresas no dispondrán de recursos económicos para afrontar esta situación, por lo que se hace imprescindible la adopción de medidas de apoyo económico, financiero y tributario que permitan a las empresas poder afrontar el futuro con las mínimas garantías de estabilidad.
Por ello, la Cámara de Comercio, como representante de todas las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades comerciales, industriales o de servicios en la provincia de León, exige que el Gobierno actúe con responsabilidad y visión de Estado, arbitrando, con la participación de los empresarios, las normas que permitan la supervivencia de las empresas y, por ende, garantizar el futuro de nuestro país.
