Buscar un abogado en el entorno digital puede acabar en pesadilla si el primer impacto publicitario es un anzuelo emponzoñado. El auge de plataformas opacas que prometen soluciones mágicas e inmediatas ha encendido las alarmas del sector legal y de las asociaciones de usuarios. Ante este escenario, el Consejo General de la Abogacía Española y la Asociación Española de Consumidores (ASESCON) han firmado un convenio de colaboración institucional diseñado específicamente para combatir los bulos, el intrusismo y la desinformación en el mercado del asesoramiento legal.
La alianza pretende levantar un muro de contención mediante campañas conjuntas de sensibilización, jornadas divulgativas y la difusión de guías prácticas. Ambas entidades buscan que el ciudadano aprenda a discriminar la propaganda agresiva de la información rigurosa, un filtro vital cuando se toman decisiones que afectan directamente al patrimonio personal, la vivienda o la estructura familiar.
El anzuelo de las deudas imposibles
El incremento de estos mensajes tramposos coincide con el aumento de personas que atraviesan situaciones de extrema asfixia financiera o vulnerabilidad social. Los ganchos más repetidos en buscadores y redes sociales prometen la «cancelación automática de deudas» a través de la Ley de Segunda Oportunidad, el éxito garantizado en litigios hipotecarios o soluciones milagrosas frente a un desahucio inminente.
Estas plataformas suelen utilizar técnicas de venta basadas en una falsa sensación de urgencia y, lo que es más grave, ocultan las tarifas reales o la letra pequeña de las condiciones de contratación. Además, emplean un lenguaje técnico confuso que induce a creer que detrás del servicio hay un bufete tradicional, cuando en muchas ocasiones se trata de meras centrales de captación de datos o gestorías sin habilitación.
“El acceso a la Justicia empieza mucho antes de entrar en un juzgado. Empieza cuando una persona busca orientación, saber a quién acudir y en quién confiar. Si esa primera información está contaminada por bulos, publicidad engañosa o falsas promesas, se resienten sus derechos», advierte Salvador González, presidente de la Abogacía Española.
El peligro del intrusismo y la desprotección deontológica
Más allá del perjuicio económico inmediato, delegar un asunto legal en estas redes de desinformación acarrea lagunas jurídicas irreparables. Al contratar con operadores no habilitados, el consumidor renuncia sin saberlo a las máximas garantías de la profesión:
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El Código Deontológico: Un reglamento estricto que obliga al secreto profesional y prohíbe los conflictos de intereses.
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El seguro de responsabilidad civil: La póliza obligatoria con la que cuentan los abogados colegiados para responder económicamente ante cualquier error u omisión en la defensa del cliente.
Como parte del despliegue informativo de este acuerdo, la Abogacía Española ha lanzado un vídeo didáctico que recopila las trampas digitales más comunes y ofrece pautas básicas de verificación. La principal recomendación para los ciudadanos es sencilla pero infalible: comprobar la identidad del profesional en el censo público de la colegiación antes de firmar cualquier contrato o adelantar fondos. La Justicia, recuerdan ambas entidades, requiere confianza y transparencia, dos valores incompatibles con el algoritmo de las promesas imposibles.
