El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) ha trasladado su “profunda preocupación” por los retrasos que, a su juicio, está generando el nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia. La institución advierte de que la implantación de los tribunales de Instancia en Castilla y León puede derivar en un “colapso en los tribunales” si no se corrigen a tiempo las disfunciones detectadas.
Al cierre de un año marcado por una intensa actividad legislativa —con la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia en el Servicio Público de Justicia como hito—, el presidente del CACYL, Fernando Rodríguez Santocildes (elegido en marzo), señala que “existe una inquietud creciente” ante el atasco que ya se estaría produciendo con la reorganización judicial. Según expone, el nuevo sistema exige una estructura de mayor complejidad y eso podría tener efectos directos en el día a día de la Justicia.
Una implantación progresiva con efectos inmediatos
Uno de los puntos más sensibles, según la abogacía, es el despliegue de los tribunales de Instancia (entre el 1 de julio de 2025 y el 1 de enero de 2026) y la desaparición del esquema de juzgados unipersonales tal y como se había concebido durante décadas. El CACYL sostiene que la transición está tensionando la organización y alerta de posibles consecuencias:
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Más lentitud en la tramitación y aumento del atasco.
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Mayor carga organizativa en los órganos judiciales.
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Impacto económico en los despachos por la ralentización del sistema, que afecta a su actividad ordinaria.
En este contexto, Rodríguez Santocildes advierte de que el rendimiento de los juzgados influye de forma directa en la planificación de profesionales y ciudadanos, y pide medidas para evitar que la transición se traduzca en una Justicia más lenta.
Violencia sobre la Mujer: centralización y desplazamientos
El CACYL también pone el foco en la reorganización territorial derivada de la comarcalización en Valladolid y León, que —según denuncia— está provocando desigualdades en el acceso a la Justicia. Desde el 1 de enero, las secciones de Violencia sobre la Mujer quedan centralizadas en las capitales y Ponferrada, lo que, en la práctica, obliga a algunas víctimas a recorrer largas distancias para prestar declaración.
La preocupación se agrava, además, por la asunción de nuevas competencias relacionadas con delitos contra la libertad sexual por parte de estas secciones. Desde la Abogacía se advierte de un incremento notable de carga de trabajo en un escenario donde el sistema ya opera con tensión. “Esto genera desigualdades en función de dónde se resida”, sostienen desde el Consejo, al tiempo que alertan del riesgo de que el mundo rural quede en situación de desventaja.
Oficinas municipales de Justicia: “puntos tecnológicos de atención”
Para amortiguar los efectos de la centralización, la Abogacía de Castilla y León defiende reforzar las oficinas municipales de Justicia como “verdaderos puntos tecnológicos de atención”. El objetivo, según expone el CACYL, es que cuenten con medios suficientes para garantizar:
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Atención eficaz y más cercana.
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Apoyo tecnológico que reduzca desplazamientos.
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Presencia profesional y coordinación institucional.
En ese marco, el Consejo destaca el papel de las diputaciones provinciales y plantea impulsar una colaboración conjunta para mejorar el funcionamiento real de estas oficinas.
Interoperabilidad: cuando la Justicia digital no habla el mismo idioma
Otra reclamación clave es la interoperabilidad entre los sistemas judiciales de las distintas comunidades autónomas. La Abogacía considera que, si las plataformas no se comunican de forma coordinada, la digitalización puede generar desigualdades y retrasos en los procedimientos. Por eso, insiste en que avanzar hacia un modelo interoperable es imprescindible para una Justicia digital “uniforme, eficaz y accesible”.
Además, el CACYL se muestra dispuesto a colaborar en la detección de incidencias y en la búsqueda de soluciones. En esa línea, Rodríguez Santocildes subraya la participación de la abogacía en la Comisión de Calidad del Servicio Público de Justicia, cuya reunión está prevista a principios de año a instancias de la presidenta del TSJ de Castilla y León, Ana del Ser.
Reivindicaciones para los profesionales: RETA y Justicia Gratuita
Más allá del nuevo modelo, la Abogacía cierra 2025 con otras demandas que, según anticipa, marcarán el inicio de 2026. Entre ellas destaca la reivindicación de la pasarela al RETA para mutualistas, vinculada a la “dignidad en la jubilación”. El presidente del CACYL sostiene que resulta imprescindible garantizar la suficiencia económica tras décadas de ejercicio profesional.
En paralelo, el Consejo reclama una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que “dignifique” el turno de oficio con remuneraciones justas y actualizadas. También denuncia el malestar por la falta de remuneración de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en el Turno de Oficio, obligatorios desde el 3 de abril tras la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia. Según el CACYL, estos procedimientos se estarían realizando sin compensación económica, una situación que considera “inadmisible”.
Próxima cita: Zamora, mayo de 2026
Todas estas preocupaciones se abordarán en el V Congreso de la Abogacía de Castilla y León, que se celebrará en Zamora en mayo de 2026. El CACYL lo presenta como un espacio para debatir propuestas y definir líneas de actuación para el futuro de la profesión en las nueve provincias de la comunidad.
