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Es ya la tercera huelga que se convoca en 2023 contra el Ministerio de Justicia, después de que los letrados pararan sus funciones durante dos meses y consiguieran aumentos retributivos de entre 430 y 450 euros mensuales. Los funcionarios de Justicia, en huelga desde el día 17, siguen negociando con la cartera de Llop y tienen anunciados nuevos paros.
Los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) firman la convocatoria de esta huelga ante «la necesidad de una actualización y adecuación retributiva razonable» debido a «la pérdida de poder adquisitivo» que comentan que arrastran desde 2009.
Fuentes jurídicas han comentado que se trata de un trámite administrativo que tienen que cumplir al menos 10 días naturales antes de que empiece la huelga, por lo que, a raíz de los festivos previstos para mayo, han decidido iniciarlo antes.
Está previsto que en la reunión del próximo miércoles los tres representantes del CGPJ recomienden al Ministerio que lidera Pilar Llop actualizar los salarios de los jueces, alineándose de esta forma con las asociaciones judiciales.
Las asociaciones progresistas Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ya habían indicado, a principios de semana, que comparten el diagnóstico y la necesidad de mejoras para superar el «estancamiento actual» del sistema judicial, pero se habían desmarcado de la amenaza de huelga al considerar «oportuno» esperar a la reunión del 3 de mayo.
