La Administración General del Estado (AGE) se prepara para un cambio estructural de calado. El ministro de la Función Pública, Óscar López, ha confirmado oficialmente que la jornada laboral de 35 horas para funcionarios comenzará a aplicarse durante la primera quincena del próximo mes de abril. Este anuncio, realizado en el marco del IV Foro Económico de elDiario.es, pone fin a meses de incertidumbre sobre el calendario de ejecución de una medida que busca equiparar a los trabajadores de la administración central con los de diversas comunidades autónomas que ya disfrutan de este horario reducido.
Un despliegue coordinado tras el consenso sindical
La implementación de la jornada laboral de 35 horas para funcionarios no será un proceso aislado, sino que se ejecutará de forma coordinada entre todos los ministerios. Según explicó el titular de Función Pública, la decisión llega tras alcanzar un consenso sólido con las principales fuerzas sindicales del país, fruto del Acuerdo Marco firmado originalmente en 2022.
Aunque la intención inicial del Ejecutivo era que la aprobación definitiva se produjera durante este mes de marzo, el complejo desarrollo normativo y la minuciosidad de la negociación técnica han desplazado la puesta en marcha a mediados de abril. Este ajuste en el calendario ha permitido perfilar los flecos de una normativa que pretende modernizar la gestión del tiempo en el sector público.
El papel de la Mesa General y el respaldo de los sindicatos
El Ministerio de Función Pública mantiene abierta una interlocución constante en la Mesa General de Negociación para cerrar oficialmente el pacto. La última propuesta presentada por el equipo de López este miércoles ha servido para allanar el camino. Organizaciones como UGT ya han mostrado su disposición favorable al respaldo de la medida, mientras que los órganos internos de CCOO ratificaron su apoyo este mismo jueves.
Pese a este clima de optimismo, el Gobierno sigue pendiente de la postura oficial de otras organizaciones con representación en la AGE, como CSIF, ELA y CIG. No obstante, desde el Ministerio se confía en que el paquete de flexibilidad y la nueva jornada laboral de 35 horas para funcionarios cuente con una mayoría suficiente para evitar cualquier tipo de contratiempo legal o administrativo en su fase final.
Calendario de aplicación y ajustes ministeriales
La transición hacia las 35 horas semanales requerirá un esfuerzo organizativo importante. El despliegue a partir de la primera quincena de abril obligará a cada departamento ministerial a realizar un desarrollo específico para ajustar turnos y servicios.
El objetivo es garantizar que la reducción horaria no afecte a la calidad de la atención al ciudadano. Este proceso de adaptación sectorial será clave para que la Administración General del Estado culmine esta reivindicación histórica, logrando una organización del trabajo más eficiente y orientada a la conciliación.
