Ahora León / IU / Minería
De cara a la reunión que se celebrará el próximo miércoles, 19 de septiembre de 2018, para elaborar un documento conjunto del Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020, Izquierda Unida de León, a través de sus representante en dicho Comité, planteará la necesidad de crear un escenario donde el carbón sea una reserva estratégica nacional, ya que es una de las pocas fuentes de energía autóctona de nuestro Estado, en un entorno de fuerte dependencia exterior.
Para ello pide incluir en dicho documento el acuerdo de nacionalizar este sector estratégico, pues la nacionalización es el único instrumento posible a utilizar con ese objetivo, dado que en manos privadas sigue y va a seguir quemando de importación, como ya se ha comprobado reiteradamente, pues las empresas mineras privadas solo miran por los beneficios de sus dueños y accionistas y por hacerse con más subvenciones públicas, olvidando o ignorando las consecuencias sociales y vitales para la zona.
Solo siendo público el sector energético se puede planificar que el carbón sea realmente una reserva estratégica nacional, garantizando la continuidad de la actividad de la minería interior del carbón y no de la minería a cielo abierto. Solo en manos públicas se puede impulsar de forma real la investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas, con el fin de minimizar los efectos de las emisiones de gases efecto invernadero asociados a la combustión del carbón, a través de organismos públicos como la Ciuden, que se debe desarrollar como motor de investigación para el que se creó.
Esto se puede hacer conforme al artículo 128 en su apartado 2 de la Constitución, que permite esta intervención para preservar el interés general de un servicio esencial y mantener el empleo en la zona, estableciendo que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general» y, dado que la Constitución reconoce «la iniciativa pública en la actividad económica», afirmando taxativamente que «mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general».
Asimismo, Izquierda Unida quiere incluir en ese documento de acuerdo un plan de empleo garantizado en las comarcas mineras que asegure una reindustrialización previa a cualquier cierre del sector, para garantizar una transición energética socialmente justa. Como recientemente ha declarado la UE no se puede «liquidar primero y luego ya veremos qué hacemos. Sería una catástrofe». La propia Comisión Europea obliga a instrumentalizar políticas para la creación de empleos alternativos en las comarcas mineras.
Desde Izquierda Unida de León exigimos los empleos garantizados antes de que desaparezca ninguno más, porque las experiencias de reindustrialización de las comarcas mineras, como alternativa al monocultivo del carbón, que durante los últimos veinte años han vendido tanto el PP como el PSOE en las zonas mineras de nada han servido, pues no se han traducido en alternativas de empleo estable y consolidado. Aunque durante años supuestamente han estado invirtiendo en esta reindustrialización en la provincia de León, nuestras comarcas mineras están desapareciendo y no se han dado alternativas reales en todos estos años de planes Miner y planes de reindustrialización. No hay más que acercarse a las zonas mineras y comprobar cómo están despoblándose, tanto en Laciana como en el Bierzo, en Ciñera y en toda la provincia, ante la falta de alternativas reales de empleo y de futuro.
De ahí que IU exige incluir en el documento este plan de “empleo garantizado” previo, que permita revertir la situación de despoblación de estas zonas a niveles anteriores a la crisis del carbón, potenciando con medidas concretas las industrias sostenibles que crean valor añadido y aprovechando los recursos locales.
Apoyando, en este sentido, la propuesta que la plataforma sindical ha presentado al Ministerio para la Transición Ecológica, para el sector de la minería del carbón, así como las peticiones que la Asociación Española de Comarcas Mineras (ACOM) ha hecho en el mismo sentido. Incluyendo además, una auditoria de los fondos Mineros y de todos los acuerdos firmados, llevando un control público exhaustivo que dé cuenta a la población del destino de los fondos, y que se devuelva el dinero no invertido depurando las responsabilidades pertinentes, así como la prohibición por ley de la importación de carbón y, hasta entonces, imposición inmediata de una ecotasa al carbón no autóctono.
