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IzAb pregunta a la Diputación que va a ocurrir cuando el Gobierno rechace sus peticiones

Ahora León / IzAb León

Desde IzAb-Actúa nos ponemos en los peor y queremos prevenir que podemos hacer si se rechaza el recurso del Colegio de Secretarios al Decreto que prohíbe los Secretarios vecinos de las Juntas Vecinales, ya asumimos que las tibias gestiones del PP y las mociones presentadas por Coalición en Común y el PSOE en la Diputación.

Queda claro que la iniciativa de mayor valor se ha presentado por el Colegio Profesional afectado, pero, ¿qué hará la provincia si se rechaza y no se aplica una moratoria en su cumplimiento?

Por ahora parece que que cada grupo hace la guerra por su cuenta.  Echamos de menos que todos los colectivos, asociaciones, partidos, sindicatos … que defienden la pervivencia de los concejos coordinen todas sus acciones más allá de reuniones valorativas, igual es necesario juntarse en una mesa plural en defensa de la democracia para prevenir acciones si los pasos dados hasta el momento no surten efecto.

La imposición por parte del PP de secretarios y secretarias de carrera a las juntas vecinales es el último paso en el proceso de eliminación de esa rareza democrática, que no entienden, pero que gestiona el 56% de la provincia de León, que de eso si entienden sobradamente, y representa un tercio de las existentes en todo el Estado.

Desde IzAb-Actúa censuramos la tibieza la Junta al respecto, institución competente en materia de regulación de este tipo de entidades menores y que parece un menor de edad excusándose en unas supuestas alegaciones en vez de poner sobre la mesa que el Gobierno asume capacidades que no son suyas y estamos ante un conflicto de competencias contra el Gobierno de libro. Este debe ser el siguiente paso desde una institución frente al Decreto Montoril.

Además insistimos en la necesidad de crear esa mesa en defensa de la democracia y animamos a las propias juntas vecinales, partidos y entidades defensoras de la tradición concejil a movilizarse en contra de una medida desproporcionada e imposible de cumplir salvo que el gobierno permita la contratación masiva de secretarios de ayuntamiento para cubrir las necesidades de las entidades locales menores de la provincia.

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