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Desde Izquierda Unida de San Andrés agradecen que en esta ocasión se haya podido debatir en el pleno una nueva moción en la que se pedía el desistimiento del recurso ante la sentencia contra SERFUNLE y a favor del derecho ciudadano a su transparencia como ente de gestión mayoritariamente pública. Así mismo, Laura Fernández ha recordado que “independientemente del previsible resultado de la votación, en la que ninguno de los grupos ha votado a favor de la transparencia, manifestamos nuestro derecho a debatir aquello que creemos que debemos defender”, haciendo referencia a la moción presentada en el mes de junio y que fue bloqueada en comisión impidiendo su debate en pleno.
Tras las dura sentencia del Juzgado Nº2 de León y la resolución del Comisionado de Transparencia de Castilla y León en las que se criticaba el mal proceder de SERFUNLE, así como su errónea interpretación de las normas, Izquierda Unida de San Andrés presentó en el Ayuntamiento estas mociones para persuadir a la mancomunidad y a sus representantes a finalizar de una vez con la gestión irresponsable y la judicialización de asuntos que repercuten nuevamente en las arcas públicas y en la confianza de los usuarios.
Además, indican desde la agrupación política, que “al interesarnos por todos estos hechos, se nos remitió a la página web de SERFUNLE, donde no consta detalle de las informaciones solicitadas. De igual manera, al pedir detalle de los acuerdos, se nos facilitó acceso a las actas de los últimos meses de la Asamblea de Concejales de la mancomunidad, comprobando que no se ha tratado ningún tema judicial en ellas. Concretamente, ni la resolución del Comisionado de Transparencia en abril de 2020 ni la sentencia del Juzgado de León de enero de 2021 se han debatido en dichas reuniones, lo que hace que nos preguntemos quién está tratando estos asuntos importantes si no lo hace el máximo órgano de SERFUNLE, que es la Junta o Asamblea”, afirma Laura Fernández.
“La sentencia ha sido totalmente clara en sus apreciaciones y en la interpretación de la norma de aplicación. Sin embargo, se insiste en volver a recurrirla aunque en las actas no consta que se hayan tratado las notificaciones previas y a pesar de que ya se les obliga a hacer pública la información que solicitaba el demandante y a hacerse cargo de las costas del proceso. Se vuelve a gastar dinero público, dinero de todas y todos, en defender el ‘secreto comercial’ de una empresa privada como es Mémora, y tras llegar a una situación producida por distintas actuaciones que no constan en las reuniones de la Asamblea”, finaliza la portavoz de IU, Laura Fernández.