Ahora León / IU
Presidentes de Juntas vecinales de IU de la comarca de Laciana se han reunido con la Dirección Provincial de León con el fin de analizar la incidencia que el decreto 128/2018 tiene en la gestión de las mismas, con el apoyo y asesoramiento de juristas especializados en el tema, aunque la respuesta debe ser claramente política, puesto que es voluntad política esta normativa que deriva de la Ley de Racionalización que está siendo contestada y denunciada por todos los partidos de la oposición.
Se considera que este decreto es un ataque a las Juntas vecinales intentando complicar su gestión, cuando son entidades que cumplen un servicio fundamental en los pueblos, con una total y generosa dedicación por parte de alcaldes y pedáneos que las gestionan. Las juntas vecinales son administraciones que han pervivido a lo largo de los siglos con pleno respeto y valoración de sus vecinos y vecinas por su dinámica democrática, muchas veces en forma de democracia directa a través de concejo abierto.
Para Izquierda Unida, detrás de esta legislación está el intento de ir eliminando progresivamente estas entidades locales menores, poniéndoles trabas cada vez mayores, ya que gestionan un importante patrimonio común y público que de otro modo podría acabar siendo privatizado poco a poco: agua, montes, madera, caza, etc.
Las entidades locales menores o juntas vecinales cumplen una importante labor: supervisan, gestionan, cuidan, ponen en valor el patrimonio común de los pueblos, etc. Buena parte de los servicios que muchos pueblos disponen ha sido labor de estas juntas, como la llegada del agua a las casas, el saneamiento y alcantarillado de las calles que viene precedido del trabajo comunal de todos los vecinos.Así como la construcción, conservación y reparación de fuentes, lavaderos y abrevaderos, la administración y conservación de su patrimonio (incluido el forestal) y la regulación del aprovechamiento de sus bienes comunales.
Por ello, desde los cargos públicos de Izquierda Unida en Laciana se plantea tres medidas urgentes, mientras se consigue derogar la Ley de racionalización y dejar el funcionamiento de las Juntas vecinales como se venía haciendo históricamente, con el fin de buscar soluciones inmediatas a este despropósito y para exigir a quien tienen las competencias que las apliquen de forma apremiante: 1º, apoyo a las Juntas Vecinales para realizar su gestión por parte de la Administración, 2º ya que no reciben ninguna financiación de los presupuestos, mayor compromiso en apoyo técnico a través de acuerdos entre las instituciones responsables (Junta, Diputación y Ayuntamientos) y 3º Comarcalización del SAM, con una mayor dotación de personal, para asesorar y apoyar esta labor en las Juntas Vecinales.
No hay que olvidar que este decreto deriva de la Ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales (conocida como Ley Montoro), ley ampliamente contestada por casi todos los grupos políticos cuyo objetivo aparece muy bien explicitado en su declaración de motivos: favorecer la iniciativa económica privada. Es decir, privatizar los bienes comunes que aún nos quedan en nuestros territorios.
Más de 600 alcaldes, concejales y parlamentarios autonómicos firmaron en octubre un manifiesto contra esta Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, cuyo objetivo fundamental es el control de las entidades locales menores para limitar su autonomía, sus competencias y su capacidad económica dificultando su gestión y haciendo unas exigencias desproporcionadas respecto a los medios de que disponen.
Hay que tener presente que esta ley de racionalización expone claramente que su objetivo es “favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”, ysuprimir “monopolios municipales” que venían heredados del pasado y que recaen sobre sectores económicos pujantes en la actualidad. Como ha denunciado algún alcalde “si quieren el dinero de las Juntas Vecinales que lo digan claro de una vez, y como se suele decir, «a robar a un banco», pero como los bancos ya han sido saqueados, ya no saben dónde ir a por los euros”.
“Necesitamos normativas que ayuden a asentar población en los núcleos rurales, no legislaciones que la empujen a su abandono, dificultando la generosa labor que se viene haciendo por los vecinos y vecinas en favor del bien común”, afirman. Por eso los alcaldes pedáneos de Izquierda Unida y cargos de las juntas vecinales consideran que “desde los partidos políticos no podemos hacer oídos sordos a las demandas de la población afectada, por lo que plantaremos cara ante este entramado legislativo que ha construido el Partido Popular que, con la excusa de “racionalizar la estructura administrativa de la administración local favoreciendo la iniciativa privada”, lo que pretende es privatizar los bienes colectivos, convertir lo común y público en negocio para algunos”.
