La legalidad de la subida salarial en San Andrés del Rabanedo ha quedado en el centro del debate político municipal después de que el Ayuntamiento aprobara en un pleno extraordinario la aplicación del incremento retributivo del 2,5% al personal laboral. IU Podemos sostiene que existen “dudas razonables” sobre el procedimiento y la financiación, y denuncia que la Alcaldía volvió a impedir que la oposición fuese asesorada por el interventor.
El acuerdo salió adelante con siete votos favorables (UPL, Ciudadanos y una concejala no adscrita). VOX optó por la abstención, mientras PSOE, PP e IU recurrieron a la fórmula del “no voto”, según la información publicada tras la sesión.
Qué se aprobó y por qué es relevante
El incremento del 2,5% responde a una actualización salarial fijada para el sector público por normativa estatal, con efectos desde el 1 de enero de 2025, y su tramitación en el consistorio ha derivado en un cruce de acusaciones sobre la suficiencia presupuestaria y la transparencia del expediente.
En la práctica, lo que en otros ayuntamientos suele resolverse como un trámite breve se convirtió en San Andrés del Rabanedo en un pleno con debate político intenso y reproches cruzados.
IU Podemos: “dudas razonables” sobre crédito y procedimiento
IU Podemos afirma que la legalidad de la subida salarial en San Andrés del Rabanedo no está suficientemente acreditada en términos presupuestarios. La formación sostiene que no se demostró en el pleno que exista crédito para afrontar el aumento y apunta a la situación económica municipal: presupuestos prorrogados desde 2020 y liquidación de 2024 pendiente, según el relato del grupo.
Además, la portavoz de IU Podemos, Laura Fernández Bermejo, lamentó que la Alcaldía no atendiera los argumentos de la oposición y mantuviera la votación basándose en la existencia de informes técnicos favorables, mientras persistían dudas sobre de dónde saldría la financiación si no hubiera partida suficiente.
El equipo de gobierno: informes favorables y acusación de bloqueo
Desde el gobierno municipal se defendió que el expediente contaba con informes de Contabilidad, Intervención y Secretaría que indicaban disponibilidad económica y avalaban la tramitación. La Alcaldía insistió en que el procedimiento es conforme a la normativa y que los técnicos municipales respaldan el acuerdo.
En paralelo, desde UPL se criticó la actitud de los grupos que no votaron o se abstuvieron, al considerar que se cuestiona incluso el trabajo técnico del Ayuntamiento.
VOX: abstención por “falta de transparencia”, sin negar el derecho del personal
VOX justificó su abstención señalando que no cuestiona el derecho del personal a percibir la actualización, pero sí el modo en que se llevó el expediente al pleno. Entre sus argumentos, subrayó la falta de una explicación “capítulo a capítulo” y el contexto de cuentas prorrogadas, además de lamentar que no comparecieran técnicos —incluido el interventor— para aclarar dudas durante la sesión.
La ausencia de interventor, un asunto de fondo en el Ayuntamiento
La polémica sobre el asesoramiento técnico se produce en un contexto más amplio: el Ayuntamiento ha reconocido públicamente que la plaza de interventor titular quedó vacante desde octubre de 2024 y ha defendido que el nombramiento corresponde a la Junta de Castilla y León.
Este escenario alimenta el choque político en debates como el de la legalidad de la subida salarial en San Andrés del Rabanedo, donde parte de la oposición reclama más garantías y explicaciones antes de convalidar expedientes con impacto directo en el gasto de personal.
Claves del debate, en resumen
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Incremento aprobado: 2,5% para personal laboral municipal.
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Fecha del pleno extraordinario: 12 de diciembre de 2025.
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Resultado: 7 votos a favor, abstención de VOX y “no voto” de PSOE, PP e IU.
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Punto de conflicto: dudas sobre crédito disponible y falta de comparecencia técnica solicitada por grupos de la oposición.
En adelante, el foco político se desplaza a si el expediente puede afrontar nuevos cuestionamientos y a si el Ayuntamiento ofrece mayor detalle sobre la cobertura presupuestaria, en un municipio donde la discusión sobre control financiero y transparencia se ha instalado como uno de los ejes del mandato.
