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La denuncia de las víctimas es fundamental para que las autoridades policiales y judiciales puedan actuar, ya que además de iniciar las actuaciones para depurar las responsabilidades penales que procedieran, sirve para dotar a las víctimas de mecanismos de protección frente a sus agresores. Por este motivo, desde la Junta de Castilla y León se incide en facilitar a las mujeres víctimas todos los medios para que denuncien, desde la atención y asesoramiento de los profesionales de los servicios sociales, hasta fomentar el uso del teléfono 016. Sin embargo, si esta denuncia no se produce, por el motivo que sea, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no pueden continuar con su labor de investigación y protección a pesar de ser conocida la existencia de violencia de género. De ahí la propuesta de Castilla y León de que se estudie, mediante la oportuna revisión de los protocolos de actuación, la posibilidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan actuar de oficio ante determinadas situaciones de violencia conocida y no denunciada en función del potencial riesgo de la víctima.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha reiterado que, en Castilla y León, las agresiones sexuales ya se consideran violencia de género. Además, ha afirmado que “la lucha contra la violencia de género es una lucha de todos, que no debe utilizarse como arma arrojadiza. Una lucha en la que deben mantenerse unidas las distintas administraciones, coordinando los diferentes recursos para acabar con la lacra de la violencia de género”.
La lucha contra este tipo de agresiones es uno de los principales compromisos que se marca la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y para lograrlo creará, en colaboración con el tercer sector, una red de detección y alerta ante casos de este tipo, especialmente en el medio rural. También se firmará un Protocolo con las entidades locales para la prevención de agresiones sexistas en las fiestas patronales y se promoverá una estrategia autonómica contra la violencia sexual.
Además, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades desarrolla en la actualidad el modelo Objetivo Violencia Cero de atención integral a las víctimas, que persigue la acción proactiva a la hora de afrontar los casos de violencia de género, basado en el trabajo profesional en diferentes ámbitos de cualificación y en la gestión de los recursos que se ponen a su disposición, todo ello con un enfoque integrador para optimizar la atención a las mujeres víctimas de violencia de género. De hecho, el presupuesto para la lucha contra la Violencia de Género alcanzó el pasado año los 4,65 millones de euros un 5,3% de incremento respecto a 2017.
La atención a las víctimas de violencia de género y a sus hijos es una prioridad para la Junta de Castilla y León. Esta comunidad cuenta con 17 Centros de acogida (3 centros emergencia y 14 casas acogida), donde en el año 2018 han recibido apoyo 485 personas (267 mujeres y 218 menores).
También la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, trabaja en el refuerzo de las ayudas económicas y en el acceso a la prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía (280 mujeres víctimas de violencia de género accedieron a ella o la percibieron algún mes del año 2018). A estas medidas se unen los servicios de apoyo personal y familiar, psicológicos, de asistencia jurídica o de atención integral a mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad física o por enfermedad mental grave.
