Los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional, JUPOL y SUP, han alzado la voz contra la reciente decisión del Ministerio del Interior de asignar un servicio de escolta policial a la periodista Sarah Santaolalla.
Esta medida de protección institucional llega rodeada de controversia judicial, ya que se produce apenas unos días después de que una jueza decidiera desestimar la petición de la informadora de establecer una orden de alejamiento contra Vito Quiles, a quien había denunciado por una presunta agresión. Ante este escenario, los representantes de los agentes han exigido al titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, una transparencia inmediata sobre los motivos que avalan este despliegue de seguridad.
El SUP cuestiona la existencia de un «riesgo grave»
Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han puesto el foco en la vertiente técnica y operativa de la medida. A través de un comunicado, la organización ha desglosado sus principales dudas operativas:
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Informes técnicos: Reclaman tener acceso a los documentos que justifican la necesidad de este servicio.
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Merma de efectivos: Exigen saber si para dotar de escolta a la periodista se han tenido que detraer agentes de otras unidades operativas, recordando que las plantillas actuales se encuentran «muy ajustadas».
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Normativa de protección: Subrayan que la asignación de seguridad a particulares es una medida excepcional que solo debe adoptarse cuando existe «constancia de un riesgo grave e inminente» contra la vida o la libertad de la persona, requiriendo siempre una valoración técnica previa por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad.
A la luz de la información que es de dominio público, especialmente tras el reciente fallo judicial, el sindicato considera imperativo que las autoridades expliquen qué circunstancias específicas y sobrevenidas han motivado la autorización de este operativo.
JUPOL denuncia un «escándalo» y agravio comparativo
Por su parte, la organización sindical JUPOL ha adoptado una postura aún más crítica frente a la decisión del Ministerio. El sindicato ha calificado la asignación de recursos públicos a Santaolalla como un «absoluto escándalo».
Para contextualizar su indignación, JUPOL ha trazado una línea comparativa directa con otras situaciones de vulnerabilidad en España, poniendo especial énfasis en la precariedad de medios que sufren habitualmente las víctimas de violencia de género a la hora de recibir protección policial continuada y efectiva.
