El sector de la educación infantil en España ha dicho basta. Mañana, jueves 7 de mayo, las aulas de 0 a 3 años vivirán una jornada histórica con la convocatoria de la primera huelga general del sector a nivel nacional. No es solo una protesta por mejoras salariales; es un grito de auxilio de un colectivo, mayoritariamente femenino, que se siente invisible para la administración de Pedro Sánchez y para un sistema que sigue sin reconocer su valor pedagógico.
Lo que comenzó como un conflicto localizado con paros indefinidos en la Comunidad de Madrid el pasado abril, ha terminado por prender la mecha en todo el país. Sindicatos como CCOO, UGT y CGT coinciden en un diagnóstico demoledor: el sector está «quemado» tras años de promesas incumplidas y una precariedad que se ha vuelto estructural.
Un sector esencial pagado al mínimo
A pesar de que la escolarización en esta etapa no deja de crecer —rozando ya los 500.000 niños en España—, la realidad laboral de sus profesionales parece anclada en el pasado. La gran mayoría de las trabajadoras, especialmente en el ámbito de la gestión privada y concesiones, perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
«No somos guarderías, somos escuelas», repiten las educadoras. Una de sus principales reclamaciones es que se reconozca el carácter educativo del ciclo. Exigen que la etapa de 0 a 3 años deje de ser vista como un servicio asistencial o de «aparcamiento» para la conciliación y se equipare en recursos e inversión a la Primaria o la Secundaria.
El caos de los diez modelos
Otro de los puntos críticos que ha motivado esta movilización es la fragmentación normativa. Actualmente, existen hasta diez modelos distintos de gestión dependiendo de la comunidad autónoma. Esta falta de una ley estatal específica provoca desigualdades territoriales profundas y dificulta la mejora de las condiciones laborales.
El sector denuncia que las recientes modificaciones de la LOMLOE, diseñadas para mejorar la calidad de la enseñanza, han pasado de largo por el primer ciclo de infantil, dejando a sus profesionales en un limbo legal y presupuestario.
Demandas clave del 7M
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Dignidad salarial: Salidas definitivas del entorno del SMI para ajustarse a la responsabilidad docente.
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Bajada de ratios: Reducir el número de alumnos por aula para garantizar una atención pedagógica de calidad.
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Ley estatal específica: Un marco común que unifique la gestión y proteja al sector en todo el territorio.
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Reconocimiento profesional: Inversión real que equipare sus condiciones a las del resto de etapas educativas.
A pesar de que se han fijado servicios mínimos para garantizar la atención en los centros públicos, se espera un seguimiento masivo en las manifestaciones convocadas en las principales capitales españolas. Tras años de «abandono histórico», las educadoras de 0 a 3 años han decidido que, si ellas paran, el futuro del país se detiene con ellas.
