La asociación de Hotelería de León y la confederación Española de Hoteles y alojamientos turísticos (CEHAT) reiteran su preocupación ante la inminente entrada en vigor del nuevo Real Decreto 933/2021 sobre el Registro de Viajeros, destacando el impacto directo que tendrá sobre los turistas.
Esta normativa, que obliga a los establecimientos a recopilar hasta 31 datos tanto de los viajeros como de la empresa y la propia transacción, no solo podría vulnerar derechos fundamentales de privacidad, sino que también amenaza con complicar y entorpecer la experiencia de millones de visitantes que eligen España como destino.
A tan solo semanas de su aplicación, la patronal hotelera española denuncia que el Gobierno no ha proporcionado aclaraciones sobre cómo se implementará esta medida, ni ha atendido las reiteradas advertencias del sector sobre los riesgos para los viajeros y para la reputación internacional de España.
Un obstáculo para los viajeros: invasión de la privacidad y trámites innecesarios CEHAT lamenta que lleva meses denunciando la desproporcionada carga burocrática que supondría el nuevo reglamento para los hoteleros y los turistas, obligándolos a entregar datos altamente sensibles, como detalles personales, profesionales y de sus desplazamientos. Este nivel de exigencia, que triplica los datos solicitados actualmente, podría provocar incomodidad, desconfianza y una percepción negativa de España como destino turístico.
“Los viajeros que vienen a la provincia de León buscan disfrutar de su tiempo de ocio, no verse inmersos en procesos administrativos intrusivos e interminables que ponen en riesgo su privacidad.
Esta medida también afectará a los ciudadanos españoles que hagan turismo o se desplacen por cuestiones laborales dentro del país, ya que estarán igualmente obligados a proporcionar una cantidad de datos personales significativamente mayor a la actual al llegar a su alojamiento, afectando a su experiencia de cliente y vulnerando asimismo su privacidad.
Además, el incumplimiento de estos requisitos podría derivar en sanciones de hasta 30.000 euros para los hoteleros, algo que añadiría presión a su trabajo diario y podría repercutir en el servicio ofrecido a los turistas, afectando negativamente su experiencia.
Este Real Decreto atenta contra los derechos fundamentales de privacidad y es contrario a varias directivas comunitarias, por lo que CEHAT manifiesta la imposibilidad de cumplirlo por el riesgo al que exponen a los establecimientos de ser foco de denuncias de los viajeros. Golpe a la competitividad de España como destino turístico
Desde CEHAT, se denuncia con firmeza la falta de comunicación y transparencia por parte del Gobierno. Pese a las reiteradas solicitudes de diálogo y a las cartas enviadas tanto por la patronal como por asociaciones turísticas europeas, el Ejecutivo no ha dado respuesta. La única reunión mantenida con el Ministerio del Interior tuvo lugar el pasado 4 de octubre y, desde entonces, la Confederación señala que no se ha producido ningún avance y que ni siquiera contestan a sus frustrados intentos de reuniones de trabajo. Además, los hoteleros subrayan que el Gobierno prometió emitir una Orden Ministerial para aclarar los detalles de la aplicación de esta normativa, pero a día de hoy no se han publicado dichas aclaraciones. Esto, por tanto, genera mayor desconcierto entre los hoteleros y los viajeros.
La patronal recuerda que el turismo es responsable de más del 12% del PIB español y que su sostenibilidad depende en gran medida de garantizar una experiencia positiva, respetuosa y sencilla para los viajeros.
