La propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica presentada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, situaría a Castilla y León con 271 millones de euros más al año respecto al sistema vigente, según las estimaciones trasladadas a los territorios. El objetivo del Gobierno es reforzar los recursos para sostener sanidad, educación y servicios sociales, y reducir las diferencias entre comunidades por habitante ajustado.
El plan se enmarca en un calendario inmediato: Hacienda ha convocado un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) extraordinario para el miércoles 14 de enero, donde las comunidades evaluarán el texto antes de que la reforma inicie su recorrido legislativo.
¿Qué cambia con el nuevo modelo?
El esquema parte de una cifra global: el sistema distribuiría en 2027 unos 224.507 millones de euros y aportaría 20.975 millones más que con el modelo actual, gracias a una combinación de más cesiones tributarias y mayores aportaciones del Estado.
Entre las novedades más relevantes, Hacienda plantea:
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Aumentar la cesión del IRPF del 50% al 55%.
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Elevar la cesión del IVA del 50% al 56,5%.
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Mantener el 58% de los impuestos especiales y conservar el 100% de tributos ya cedidos (Sucesiones, Transmisiones, AJD, entre otros), además de integrar nuevos impuestos dentro del sistema.
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Incorporar un fondo climático con una dotación aproximada de 1.000 millones para atender riesgos asociados al cambio climático.
Por qué Castilla y León saldría beneficiada
Según la documentación explicativa del modelo, Castilla y León destaca por el criterio de población ajustada, que pondera variables que encarecen la prestación de servicios públicos, como la superficie, la dispersión o el envejecimiento. En ese marco, la comunidad sería la que más se beneficia de ese ajuste, al sumar factores vinculados al reto demográfico.
Además, el planteamiento refuerza la solidaridad interterritorial mediante un mecanismo de nivelación, de modo que los territorios con menor capacidad tributaria reciban más apoyo. En paralelo, el Ejecutivo sostiene que el modelo incluye una cláusula de “statu quo” para garantizar que ninguna comunidad reciba menos recursos al inicio de la aplicación.
Incentivos a pymes y cambios en la gestión tributaria
El documento también abre la puerta a que los gobiernos autonómicos puedan optar, de forma voluntaria, a recibir una parte del IVA generado por las pymes en su territorio, con el argumento de incentivar el desarrollo empresarial.
En gestión, Hacienda plantea revisar el sistema de entregas a cuenta para ganar agilidad y propone una “caja compartida” para que la recaudación del IRPF y otros tributos llegue de manera simultánea al Estado y a las autonomías que se adhieran.
Próximo paso: debate autonómico y tramitación
Con la propuesta ya remitida, la discusión política se traslada al CPFF del 14 de enero, una cita que suele marcar el tono del debate territorial. A partir de ahí, el texto necesitaría avances técnicos, negociación entre comunidades y, finalmente, respaldo parlamentario.
