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El edil de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Francisco J. Gómez, recuerda al Grupo Municipal del Partido Popular que la actuación de su concejalía con respecto a la existencia de un vertido de purines de 3.600 metros cúbicos en la localidad de Ferral del Bernesga comenzó con una denuncia de la Policía Local fechada en octubre de 2015.
A raíz de esta intervención de los agentes, el concejal inicia un expediente para “saber de primera mano qué medidas se debían adoptar en defensa de la salubridad pública”, teniendo en cuenta que el propio informe policial advierte que dichos vertidos “podrían constituir un delito contra el medio ambiente, ya que constituyen un riesgo potencial al no estar protegidos contra las inclemencias del tiempo, pudiendo llegar a contaminar los acuíferos existentes en dicha zona”.
De dicho expediente deriva la elaboración por los servicios técnicos municipales de dos informes, una de carácter técnico y el otro jurídico, en el que propone al edil del área “adoptar medidas provisionales con carácter de urgencia que supongan la suspensión de toda actividad en el depósito de purines y su entorno”.
Así las cosas, amparado en estos documentos, Francisco J. Gómez decidió actuar “en defensa del interés general y para preservar la salud pública en Ferral del Bernesga”.
“Entiendo que el PP tenga un especial interés en esta empresa, sin embargo el interés de este Ayuntamiento está en preservar el entorno medioambiental que generan las empresas en sus actividades y que, en un momento dado, pudiesen ser insalubre para las personas”, ha apuntado el edil.
Gómez ha considerado “sorprendente” que la propia Junta de Castilla y León “no haya estado más vigilante con las licencias ambientales que ella misma concede, teniendo en cuenta que estos depósitos de residuo orgánico no cumplen ni de lejos con las condiciones impuestas por esta administración”.
Del mismo modo, ha explicado que el Ayuntamiento puso en conocimiento al servicio de Medio Ambiente esta situación, informando que dichos estercoleros carecían de la impermeabilización necesaria así como de las cubiertas que estipula la legislación vigente.
Las instalaciones en cuestión están formadas por tres depósitos de 30 metros de largo, 26 de ancho y 2 de altura, dos de los cuales albergaban en el momento de la denuncia 3.600 cúbicos de purines en total.
