La política de recursos humanos del Ayuntamiento de Avilés vuelve a situarse en el centro del debate político tras un nuevo fallo judicial. Según ha denunciado FORO Avilés, la sentencia obliga al Consistorio a readmitir a una trabajadora municipal, un episodio que, a juicio de la formación, refleja el “descontrol” en la gestión de personal del equipo de gobierno.
El presidente de la Comisión Directiva de FORO Avilés, José Alfredo García Fernández del Viso, ha expresado su preocupación por lo que considera una dinámica repetida: decisiones administrativas que acaban corregidas por los tribunales y que, además, implican un impacto directo en el erario público.
Desde la formación sostienen que este caso no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una forma de gestionar los recursos humanos “basada en la improvisación”, con efectos que van más allá del ámbito laboral y alcanzan a la organización interna y a la confianza ciudadana en la institución.
Una sentencia que vuelve a poner el foco en la gestión de Personal
FORO Avilés vincula el fallo judicial a una “deficiente política de personal” y subraya que la reiteración de decisiones anuladas en sede judicial provoca costes económicos, desorganización interna y un deterioro de la imagen pública del Ayuntamiento.
En palabras de García Fernández del Viso, la situación está generando un problema que se repite y se agrava con el tiempo: “La reiteración de errores en recursos humanos genera perjuicios económicos, inseguridad jurídica y descrédito institucional”.
El dirigente forista insiste en que, cuando una resolución termina en los tribunales y concluye con una rectificación, el daño no se limita a un expediente concreto. También se proyecta sobre la planificación de la plantilla municipal y la estabilidad en la gestión diaria de los servicios.
FORO pide un cambio inmediato y “sin más costes” para las arcas públicas
La formación reclama un giro “inmediato” en la gestión de recursos humanos, con un mensaje claro: sin más gastos innecesarios y sin que la factura recaiga, de nuevo, en el bolsillo de los contribuyentes.
Entre las medidas que propone FORO Asturias–Avilés, destacan tres líneas de actuación:
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Asesoramiento técnico y jurídico riguroso en todas las decisiones que afecten al personal municipal.
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Participación real y efectiva de la Junta de Personal y el Comité de Empresa, órganos que consideran “relegados” en la práctica.
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Elección de responsables de Personal cualificados, con formación y experiencia suficientes para reducir errores y conflictos.
Con estas medidas, FORO pretende que el Ayuntamiento recupere una gestión más estable y previsible, evitando que los procedimientos terminen judicializados y que se generen nuevas indemnizaciones, readmisiones u otros efectos con impacto presupuestario.
“Los avilesinos no pueden seguir soportándolo”, advierte la formación
El portavoz de FORO Avilés sostiene que la ciudad no debería asumir las consecuencias de una estrategia de personal que, según su diagnóstico, ya ha derivado en nombramientos anulados, planes de empleo cuestionados y conflictos laborales recurrentes.
El partido enmarca esta crítica en una idea principal: la administración local necesita una política de personal “seria, coherente y profesional” que sitúe en el centro tanto a la plantilla municipal como al interés general de Avilés.
Además, FORO subraya que una gestión ordenada de recursos humanos no solo previene litigios, sino que también reduce la incertidumbre y mejora la toma de decisiones en áreas clave del Ayuntamiento.
Un debate que vuelve a abrirse en Avilés
La denuncia de FORO Avilés llega en un contexto en el que la gestión municipal de personal se ha convertido en un punto sensible por sus consecuencias prácticas: estabilidad en los equipos de trabajo, planificación de servicios, seguridad jurídica y control del gasto.
El partido insiste en que el Ayuntamiento debe actuar con rapidez para evitar que episodios similares se repitan y para frenar lo que considera un desgaste institucional evitable.
Mientras tanto, el nuevo fallo judicial vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que atraviesa el debate político local: cómo garantizar una gestión de recursos humanos que reduzca conflictos, minimice costes y ofrezca certezas tanto a los trabajadores como a la ciudadanía.
