La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha comparecido hoy ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León con el objetivo de explicar las líneas estratégicas, las partidas y las futuras actuaciones en el ámbito de su competencia y que se integran en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026.
Unas cuentas, ha recalcado la número dos del Ejecutivo autonómico, que dedican más de 8 de cada 10 euros a las consejerías sociales. En lo que respecta a su área, estos presupuestos son un reflejo de la escucha activa y la evaluación de resultados, y llegan para garantizar derechos, promover la igualdad y contribuir a una Castilla y León más justa, inclusiva y cohesionada. Isabel Blanco ha asegurado que también vienen a consolidar un modelo innovador de Servicios Sociales moderno, cercano a familias y personas, generador de empleo y oportunidades, comprometido con la lucha contra las desigualdades y dinamizador del territorio. Y es que la Comunidad se encuentra a la vanguardia de la atención social, reconocida a nivel nacional, que es la piedra angular de una política social que piensa en la persona y sus necesidades.
La cuantía global con la que contará la Consejería que dirige la también vicepresidenta de la Junta alcanzará los 1.524 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,4 %, es decir, más de 155 millones más que las anteriores cuentas. Desde 2021, el presupuesto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha crecido un 41 %, lo que supone un aumento de 443 millones de euros.
Este notable incremento presupuestario, ha manifestado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, constata lo que es una prioridad de la Junta de Castilla y León: el gasto social. Una realidad que no sólo se refleja en los presupuestos autonómicos, sino que la propia Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales recoge y reconoce en su ‘Informe DEC’; en su última publicación, la Comunidad se situó en la cúspide de todos los sistemas sociales autonómicos de España. Un liderazgo que se refleja en la continua expansión tanto en número de prestaciones de dependencia como en gasto por habitante en Servicios Sociales.
Apoyo a las familias
Isabel Blanco ha hecho hincapié, al principio de la comparecencia, en las que son las líneas estratégicas del presupuesto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Una de ellas está centrada en el apoyo prioritario a las familias de Castilla y León. El Gobierno autonómico ha realizado un esfuerzo presupuestario para impulsar la natalidad, favorecer la conciliación y reforzar la protección a las familias. Los 179,21 millones —82,1 millones más que al comienzo de la legislatura— destinados a esta línea estratégica se distribuyen en tres grandes áreas: las ayudas directas a las familias de Castilla y León, las políticas de atención y protección a la infancia y el trabajo por un futuro mejor para los jóvenes de la Comunidad.
En lo que implica el apoyo directo a la familia, la Junta destina un total de 76,37 millones de euros, 24 millones más que en el ejercicio anterior. Estas cifras son muy significativas de las políticas de la Junta y de su apuesta por facilitar la vida de las familias de la Comunidad, puesto que, desde que comenzó la legislatura, esta partida casi se ha multiplicado por cinco, pasando de 16,4 millones de euros a los 76,37 de este año. Estas partidas están centradas en el estímulo de la natalidad y el favorecimiento de la conciliación, la corresponsabilidad y la estabilidad familiar.
La partida más cuantiosa es la reservada al fomento de la natalidad mediante el ‘Bono Nacimiento’, con 20 millones de euros. Una ayuda económica para hijos nacidos o adoptados durante el año. Hasta la fecha, se han concedido más de 20.499 bonos y cuenta con más de 1.600 establecimientos adheridos. Una ayuda que duplica la cuantía máxima de 2.500 a 5.000 euros por hijo.
En cuanto a la conciliación, la ayuda de 750 euros por hijo de 0 a 3 años para sufragar servicios que faciliten la organización familiar y la corresponsabilidad, el ‘Bono Concilia’, contará con 11 millones de euros. El pasado ejercicio se concedieron 13.376 subvenciones, un 25 % más que al inicio de legislatura.
El programa ‘Crecemos’ sitúa su presupuesto en 9 millones de euros. Se trata de un recurso esencial para la conciliación en el medio rural para padres con hijos de entre 0 y 3 años que en 2026 llegará a 263 municipios, poniendo al servicio de las familias 3.945 plazas y más de 400 profesionales. Un recurso que ha pasado de 5 a 8 horas y en el que se incluyen las vacaciones escolares.
Por su parte, la iniciativa ‘Conciliamos’, para niños de entre 3 y 12 años —14 si tienen necesidades especiales— crece hasta los 3,8 millones, un 5,5 % más. Una alternativa en los días laborables de los periodos vacacionales para que los padres puedan acudir con normalidad a su puesto de trabajo mientras sus hijos realizan actividades lúdicas y educativas en los centros escolares. Con un alto índice de satisfacción por parte de las familias, en este programa han participado este año 25.451 niños —un 15 % más—. Desde el inicio de la legislatura, el número de niños adheridos al programa ha crecido un 140 %. En su vertiente inclusiva, ‘Conciliamos Incluye’, el pasado año participaron 3.088 menores.
Recientemente, se lanzó un nuevo recurso, el ‘Bono Infantil’, una ayuda de 200 euros por cada hijo de entre 4 y 12 años para sufragar las actividades formativas y de ocio, dotado con un presupuesto de 16 millones de euros.
La misma cuantía de dos millones de euros se destina a las subvenciones para las familias que trasladen su residencia al ámbito rural de Castilla y León desde otras comunidades autónomas.
Para apoyar la estabilidad familiar se puso en marcha el servicio ‘Mediacyl’, con el objetivo de ofrecer apoyo psicosocial a las familias a través de una red de centros que echó a andar el pasado año en Burgos y Salamanca y que está funcionando en todas las provincias con un millón de euros. La inversión en este servicio es de 1,68 millones de euros, un 11 % más que el pasado ejercicio, y ya ha atendido a 3.108 familias.
Hay que tener en cuenta que la protección a la infancia es una política esencial para la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, para lo que destinará 81,19 millones de euros, un 4,32 % más que el año anterior y un 33,75 % más desde que comenzó la legislatura. De este modo, se van a seguir impulsando los acogimientos familiares, modernizando los centros y servicios de atención a la infancia y continuando con los programas de intervención familiar o de apoyo a los menores protegidos, para que puedan desarrollar su proyecto de vida en igualdad de oportunidades.
Isabel Blanco no ha querido olvidarse de los jóvenes de Castilla y León, para quienes la Junta continúa impulsando un buen número de programas e iniciativas destinadas a su integración en el mercado laboral, a fomentar la participación y a desarrollarse dentro de la Comunidad. Para todo ello se invertirán 21,6 millones. Cabe destacar el programa ‘Arte Joven’, mediante el cual se promueve el talento artístico de los jóvenes de esta tierra, una iniciativa que crece hasta los 110.000 euros de dotación y que consolida el programa de mentorización para ayudar a los jóvenes en su carrera profesional. Además, Familia invertirá un total de 2,5 millones de euros en rehabilitar y equipar albergues y residencias juveniles en proceso de mejora.
Asimismo, se refuerza el apoyo a las personas con adicciones y a sus familias, así como en la lucha contra las nuevas situaciones que se generan ante adicciones sin sustancia, como el uso problemático de pantallas, Internet o videojuegos. Un presupuesto que crece un 7,7 % hasta los 13,6 millones de euros.
Cooperación con las entidades locales
Otro pilar estratégico es el fuerte carácter rural del presupuesto y la necesaria colaboración con las entidades locales en la prestación de la atención social, ya que es objetivo de la Junta de Castilla y León garantizar los servicios y recursos a todas las personas, independientemente de dónde vivan.
Precisamente, a través del presupuesto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se financia el nuevo Acuerdo Marco de colaboración con las corporaciones locales en materia social: 188,6 millones de euros para 2026 hasta superar los 749 millones en toda la legislatura, lo que equivale a un 38,6 % más que al inicio, en 2021 —136 millones de euros ese año—.
En el ahora vigente Acuerdo Marco se reflejan subidas en todas las áreas, en las que cabe destacar la ayuda a domicilio, que cuenta con 41.000 usuarios —3.000 más que al inicio de la legislatura—. La última adenda al Acuerdo Marco establece para este servicio un gasto de 415 millones de euros en 4 años, lo que supone un incremento de más de 109 millones respecto al Acuerdo Marco anterior, un 36 % más. También crece en la atención a la dependencia, con un 45 % de incremento hasta los 115,3 millones; en las ayudas de urgencia social y protección a las familias, que crecen un 33 % y alcanzan los 33,6 millones; y en los equipos de atención social básica que, con 35,9 millones de presupuesto, han aumentado un 19 %.
Pobreza y exclusión social
El cuarto gran pilar de este presupuesto lo integra el espaldarazo a la igualdad de oportunidades, tanto entre hombres y mujeres como para las familias y el resto de los colectivos más vulnerables.
Para la lucha contra la pobreza y la exclusión social, el presupuesto se eleva hasta los 291,1 millones de euros para una protección social que debe alcanzar a toda aquella persona que lo necesite, independientemente de sus circunstancias sociales y personales.
Dentro de este ámbito, la titular de Familia ha hecho hincapié en una gran cifra: los 212,4 millones reservados a las 280.000 familias más vulnerables de Castilla y León a través de la Red de Protección, para garantizar la provisión de productos de primera necesidad, ayudas para paliar la pobreza energética o promover la integración sociolaboral.
Igualdad y lucha contra la violencia machista
Un dato significativo es el incremento del 44 % en el presupuesto para apoyar y proteger a la mujer, que alcanza los 21,41 millones de euros, una partida que se ha duplicado desde el comienzo de la legislatura, de acuerdo con el compromiso de la Junta con la igualdad entre sexos y la lucha contra la violencia machista.
Cabe señalar, en este ámbito, el fuerte aumento del presupuesto destinado a formación, capacitación y empleo, un 212 % más hasta alcanzar los 5,2 millones de euros, puesto que una de las claves para alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es, precisamente, el empleo. En este contexto se desarrollan los programas ‘Multiplica’ y ‘Capacita’, el Pemcyl —con 109 participantes el pasado año, 26 víctimas de la violencia de género— o ‘Supera’, un nuevo programa para favorecer la integración laboral de las víctimas. Se continúa con las subvenciones para la promoción profesional de la mujer o para fomentar la contratación de mujeres jóvenes de hasta 30 años en sectores con baja representación femenina. La vicepresidenta ha anunciado que, en 2026, se incluirá también a mujeres mayores de 50 años.
Pero también se hace hincapié en los programas ‘Stem’, especialmente el nuevo ‘FP Steam Mujer, para impulsar las vocaciones científicas y tecnológicas en estas ramas de la formación profesional. Este nuevo programa, dotado con 455.000 euros para 2026, es una apuesta decidida de la Junta por fomentar estas ramas entre las mujeres jóvenes, cuantía que se suma a los 240.000 euros para los programas ‘Stem’ que se desarrollan en la actualidad, como ‘Stem Talent Girl’ y ‘Steam Talent Kids’.
Además de los distintos programas de sensibilización, información y participación con el Consejo de la Juventud, federaciones deportivas, entidades del Tercer Sector, empresas y universidades, se destinan, a través del Acuerdo Marco, 924.000 euros para la contratación de técnicos de igualdad y 805.200 euros para actuaciones de promoción de la igualdad y prevención de la violencia machista.
Familia va a implementar, además, una nueva subvención, dotada con 300.000 euros, para fomentar la conciliación en el ámbito laboral, además de destinar 600.000 euros, casi un 30 % más que en 2024, a la formación en materia de corresponsabilidad.
Por último, cabe señalar la inversión de 226.000 euros en proyectos para la mujer rural, de los cuales 143.000 euros van destinados a formación, con el objetivo de facilitar el acceso al empleo e impulsar el emprendimiento, así como la adquisición de conocimientos en nuevas tecnologías.
En lo que respecta, precisamente, a la lucha contra la violencia machista, la Red de Atención incrementa su presupuesto de 4,1 millones de euros hasta los 6,2 millones, como sucede con la Red de Centros Residenciales y casas de acogida, cuya partida crece, respecto a 2024, un 38 % hasta los 2,6 millones de euros. Todas las partidas se incrementan para intensificar los recursos de atención directa a las víctimas de la violencia machista —atención dual, servicios de apoyo psicológico o acompañamiento jurídico-social—. También se continúa con una dotación de medio millón para el proyecto ‘Atrapadas’, para atender a las víctimas de la explotación sexual.
Por último, en este ámbito, cabe destacar la plena implantación del servicio ‘Atiendo’ frente a las agresiones sexuales, para lo que se destinarán 1,8 millones de euros, reforzándose la atención telefónica y telemática con el uso de la inteligencia artificial para detectar patrones, planificar recursos y ofrecer una respuesta más rápida.
Dependencia
La segunda gran línea estratégica tiene que ver con el refuerzo del sistema de cuidados y asistencial a las personas dependientes y de la mejora de la calidad de los servicios. Un presupuesto que se dispara hasta los 1.006 millones, un 12,8 % más que el pasado ejercicio —114 millones más—, lo que supone, ha indicado la vicepresidenta, gastar casi 3 millones al día en atender a las personas en situación de dependencia de Castilla y León.
En este contexto, Isabel Blanco ha recordado que, desde 2021, el presupuesto en este ámbito ha crecido un 48 %, 327 millones a mayores de los 679,5 millones iniciales, lo cual refleja un compromiso real con las personas más vulnerables, destinando más recursos, más cuidados y una red de atención más sólida, humana y cercana. No en vano, el Observatorio de la Dependencia resuelve año tras año que Castilla y León tiene el mejor sistema de España: atiende a 127.987 personas con 180.623 prestaciones, con 2.270 personas atendidas más respecto al pasado año y 19.275 más desde el comienzo de la legislatura. Todo ello mientras se reducen tiempos de espera, se simplifican los trámites administrativos y se apuesta por la formación de los profesionales para afianzar un servicio de calidad.
Castilla y León es la primera comunidad con más personas recibiendo prestaciones en relación con su población —un 5,33 %—, con menor número de beneficiarios de prestación a la espera de resolución —sólo 167— y se ha logrado reducir el tiempo de reconocimiento del derecho a dos meses, frente a los seis del resto de España. Castilla y León resuelve un expediente de dependencia en 113 días, frente a una media nacional de 345 días.
Todos estos datos son el reflejo de que Castilla y León lidera al resto de las comunidades autónomas en atención a la dependencia, según refleja cada año el Observatorio de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, y que disponga del mejor Sistema Social de toda España, de acuerdo con el último Índice DEC que elabora dicha entidad.
La garantía de la atención en el propio hogar de las personas mayores, dependientes y con discapacidad es prioritaria para la Junta, que sigue impulsando servicios como la Teleasistencia, cuyo presupuesto para esta legislatura ha alcanzado los 74,3 millones de euros y que en 2026 contará con 15,2 millones de euros, un 270 % más que en 2021. 62.000 castellanos y leoneses ya cuentan con dispositivos de teleasistencia en su casa. O programas clave como ‘A gusto en casa’, que triplica el presupuesto hasta los 12 millones de euros —ya cuenta con 5.523 personas adheridas en 1.041 municipios— e ‘INTecum’, mediante el cual se ha atendido a 3.157 personas con una enfermedad en fase avanzada o terminal y al que se destinarán 5 millones.
Dentro de ‘INTecum’ se integra el protocolo ELA, cuya previsión de gasto es superior a los 2 millones de euros, que ofrece atención integral a las personas en su propio domicilio, independientemente de la fase de la enfermedad en la que se encuentren, e incluye ayudas como la adaptación del hogar, el préstamo gratuito de productos de apoyo o la atención hasta 24 horas los siete días a la semana mediante asistente personal.
Además, se va a reforzar la colaboración con la Asociación de Enfermos de ELA de Castilla y León para llevar tratamientos complementarios a las personas en sus domicilios, y se ayudará a los familiares cuidadores que han tenido que dejar de trabajar a costear sus obligaciones ante la Seguridad Social.
En esta línea, la vicepresidenta ha anunciado una partida de 10 millones de euros para mejorar la accesibilidad de los hogares de las personas mayores, como la adaptación de los baños mediante la sustitución de bañeras por platos de ducha, para fomentar su autonomía, seguridad y calidad de vida.
Muy ligado al área de la atención a personas mayores, dependientes y con discapacidad está el que concierne a la inversión en obra pública para modernizar los centros de atención a las personas, un total de 159 millones de euros entre este y el próximo ejercicio. Cabe señalar el nuevo centro residencial de Salamanca por 22 millones, la nueva residencia de Zamora por 25,2 millones, el centro que se está construyendo en Ávila por 29,8 millones o la nueva Unidad de Valoración y de Atención a la Discapacidad de León, en la que se ha invertido 6,2 millones de euros. A ello hay que sumar los 5 millones destinados al nuevo centro de menores ‘Los Molinos’ de Salamanca.
La vicepresidenta de la Junta ha reiterado la apuesta de la Junta por la innovación tecnológica para mejorar la vida de las personas dependientes, una inversión que ha supuesto casi 15 millones de euros durante la legislatura. A través de esta política estratégica se han adquirido productos de apoyo como andadores, inodoros, acostadores y cabinas de ducha inteligentes, se han desarrollado proyectos como Hometec para detectar situaciones de riesgo en el hogar de las personas mayores, sistemas de control de caídas y constantes vitales, programa de robots sociales, pantallas y pizarras interactivas o carritos de telemedicina, entre otros.
Envejecimiento activo
Otra de las líneas estratégicas de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades es la apuesta por el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores. Con 352 millones de presupuesto, un 13,8 % más —lo que equivale a 43 millones— que el pasado ejercicio y un 54,1 % más que al inicio de la legislatura, se canalizan bajo el paraguas de la ‘Estrategia de cuidados de larga duración y fomento del envejecimiento activo y saludable’.
En primer lugar, destaca el ‘Plan de acción de Castilla y León contra la soledad no deseada y el aislamiento social 2022–2025’, en el que se integra un amplio abanico de medidas tato de acompañamiento como de sensibilización para evitar este tipo de situaciones. Una de ellas es el pilotaje de la actividad ‘Espacios de encuentro’, para apoyar a las personas con especiales dificultades para afrontar la soledad. Y también se va a avanzar en mejora de los servicios de detección y acompañamiento ligados a la ‘Red Amiga’ o el teléfono ‘Cerca de ti’.
En lo que respecta a las actividades de envejecimiento activo, cabe destacar el ‘Programa Interuniversitario de la Experiencia’, que contará en 2026 con 359.000 euros, casi un 40 % más que el pasado año. Una iniciativa reconocida a nivel nacional, que este curso ha batido todos los récords de matriculaciones —6.562 alumnos— y que favorece el acceso al conocimiento y la cultura de los mayores a través de clases presenciales y online.
Además, se continuará con las actividades ligadas al ‘Club de los 60’, como el programa de viajes, que en 2025 creció en 2.856 plazas hasta alcanzar las 30.460, y el ‘Programa de promoción del asociacionismo en el medio rural’ para apoyar a las más de 1.900 asociaciones de jubilados y pensionistas de la Comunidad, cuya financiación ha crecido un 25 % hasta los 650.000 euros.
Personas con discapacidad
El presupuesto destinado a las personas con discapacidad crece en 23 millones hasta alcanzar los 227,8 millones de euros, unas partidas que se han incrementado un 24 % desde el comienzo de la legislatura, en consonancia con el compromiso de la Junta con facilitar la integración social de este colectivo.
Un proceso de integración que ha de partir desde las primeras etapas de la vida. Por ello, se va a seguir mejorando el servicio de Atención Temprana, cuya dotación es de 5 millones de euros y que atiende toda la demanda sin lista de espera y que se presta por 137 profesionales y 21 equipos, para dar respuesta a las necesidades de los niños de entre 0 y 6 años que presentan trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos. Ya se ha atendido a 3.310 niños, 1.215 en el medio rural.
Precisamente, una vía sólida de inclusión social de este colectivo es el empleo: la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades apuesta por los itinerarios de inserción sociolaboral, a los que destina 9,6 millones de euros en 2026. El pasado año se realizaron 4.629 itinerarios personalizados de empleo que dieron lugar a la contratación de 1.432 personas con discapacidad.
Por último, la Junta va a continuar extendiendo la figura del asistente personal. Castilla y León es la segunda comunidad autónoma con mayor número de prestaciones de asistente personal —2.877—, lo que ha implicado un incremento de más del 40 % respecto del comienzo de la legislatura.
