El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) para el periodo 2026-2030. Este nuevo marco regulatorio, que toma el relevo de la hoja de ruta iniciada en 2019, busca consolidar la equidad energética como un derecho fundamental tras un ciclo convulso marcado por la pandemia y la crisis de precios derivada de la guerra en Ucrania.
El documento introduce 13 medidas multidisciplinares con un objetivo claro: garantizar el acceso universal, seguro y asequible a la energía. La estrategia se cimenta sobre unos datos macroeconómicos favorables, ya que el coste de la electricidad en España se sitúa actualmente por debajo de la media europea gracias a mecanismos de contención previos.
Según datos del Ministerio, la carga energética media por hogar ha descendido un 3,5% desde 2018 (1.072 euros anuales), una bajada que alcanza el 24,7% en los tramos de renta más bajos. El objetivo ahora es convertir estos alivios coyunturales en estructurales mediante cuatro ejes de actuación.
Polémica reforma del bono social
El punto más sensible de la nueva estrategia reside en el segundo eje: la protección directa al consumidor. Aunque el bono social ha aumentado su cobertura un 60% desde 2018, llegando a 1,72 millones de hogares, el Gobierno reconoce que existen barreras burocráticas que dejan fuera a muchas familias vulnerables.
Para corregirlo, la nueva normativa ligará el bono estrictamente a la renta real de los hogares. Esta medida conlleva una decisión controvertida: se excluirá a las familias numerosas por el mero hecho de serlo. Hasta ahora, este colectivo accedía a los descuentos independientemente de sus ingresos, permitiendo que rentas medias y altas se beneficiaran de ayudas destinadas a la vulnerabilidad.
Aunque el Ejecutivo defiende la medida como un ejercicio de justicia redistributiva, diversos medios y asociaciones advierten de que el endurecimiento de los requisitos y la nueva burocracia podrían provocar, paradójicamente, que menos familias vulnerables acaben beneficiándose del escudo social. Además, se perseguirán las prácticas comerciales abusivas para proteger al consumidor desinformado.
Inversión millonaria en rehabilitación
Más allá de las ayudas directas al pago, el tercer pilar de la ENPE apuesta por solucionar el problema de raíz: la ineficiencia de los edificios. A través del Plan Social para el Clima, se movilizarán cerca de 9.000 millones de euros destinados a rehabilitaciones energéticas en hogares vulnerables.
Este eje incluye:
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Mejoras en el aislamiento térmico.
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Creación de refugios climáticos para proteger a la población de temperaturas extremas.
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Proyectos piloto de «intervención exprés» en barrios vulnerables para aplicar soluciones rápidas.
Un nuevo Observatorio estatal
Finalmente, la estrategia contempla la creación de un Observatorio de la pobreza energética. Este nuevo organismo centralizará la información, fomentará el intercambio entre expertos y garantizará que las futuras decisiones políticas se basen en datos técnicos rigurosos, buscando cerrar la brecha entre la normativa y la realidad de los hogares españoles.
