UPL vuelve a situar los peajes de la AP-66 y la AP-71 en el centro del debate político de León. La formación leonesista ha reclamado a la Junta de Castilla y León una postura institucional de “presión real y permanente” para conseguir la supresión definitiva de los pagos en ambas autopistas.
La petición fue planteada este jueves, 10 de septiembre, por la portavoz de Unión del Pueblo Leonés en las Cortes, Alicia Gallego, durante su intervención ante el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. La formación ya había anunciado que llevaría la eliminación de ambos peajes a la primera sesión de control de la nueva legislatura.
UPL considera que mantener los peajes de la AP-66 y la AP-71 supone un perjuicio económico para León y afecta tanto a la movilidad como a la competitividad de empresas y territorios.
“La movilidad no es un capricho, es un derecho”, defendió Gallego durante su intervención, en la que presentó estas infraestructuras como elementos esenciales para la cohesión territorial y el desarrollo económico de la provincia.
UPL pide bonificaciones mientras no desaparezcan los peajes
Además de reclamar la liberalización definitiva, UPL propone que la Junta articule “de forma urgente” mecanismos de bonificación autonómica íntegra para reducir el coste que soportan los usuarios mientras continúen vigentes las concesiones.
La formación también pide reforzar la vigilancia sobre las empresas concesionarias. En concreto, reclama inspecciones y, cuando corresponda, sanciones para garantizar las condiciones de calidad y seguridad del servicio.
El Estado ya aplica distintos programas de bonificación en varias autopistas de peaje. El Ministerio de Transportes confirmó que durante 2025 existieron ayudas en vías como la AP-66 y la AP-71 y que determinadas medidas continuarían durante 2026.
La AP-66, bajo presión por las obras y las restricciones
Una parte importante de las críticas de UPL se centra en la AP-66 entre León y Asturias, donde los usuarios llevan meses conviviendo con obras, restricciones de velocidad y reducciones de carriles.
Las afecciones se agravaron después del desprendimiento registrado en 2024 y coinciden con los trabajos de modernización de los túneles. Para UPL, resulta difícil justificar que los conductores tengan que seguir abonando íntegramente el peaje cuando las condiciones de circulación están condicionadas por estas actuaciones.
La situación también ha provocado actuaciones institucionales en Asturias. El Principado mantiene abierto un expediente sancionador contra Aucalsa por el cobro íntegro del peaje pese a las restricciones y por las deficiencias que aprecia en la información ofrecida a los usuarios. La propuesta planteada por el Ejecutivo asturiano asciende a 1,1 millones de euros.
Asimismo, la Fiscalía de Asturias investiga el cobro íntegro del peaje durante las obras después de recibir una denuncia relacionada con las condiciones del servicio.
Bruselas cuestiona la prórroga de la AP-66
La duración de la concesión de la AP-66 constituye otro de los puntos centrales del conflicto.
Actualmente, la concesión de la autopista entre León y Campomanes tiene fijado su final en octubre de 2050. La Comisión Europea dio un nuevo paso en julio de 2025 al enviar a España un dictamen motivado por las prórrogas de las concesiones de la AP-9 y la AP-66.
Bruselas considera que las ampliaciones de 25 y 29 años respectivamente constituyeron modificaciones sustanciales equivalentes a nuevas concesiones y que, por tanto, requerían un procedimiento competitivo de licitación conforme a las normas europeas.
UPL utiliza este procedimiento europeo como uno de sus argumentos para reclamar una mayor presión política dirigida al Gobierno central.
La AP-71 seguirá en concesión hasta 2055
La formación leonesista también insiste en la liberalización de la AP-71 entre León y Astorga, una vía que considera infrautilizada mientras una parte importante del tráfico, incluido el pesado, continúa circulando por la N-120.
En este caso, el Gobierno modificó oficialmente en 2025 el plazo de la concesión. El Real Decreto 552/2025 estableció como fecha final el 20 de marzo de 2055 para la autopista León-Astorga, explotada por Aulesa.
UPL sostiene que la convivencia entre una autopista de pago y una N-120 que soporta un importante volumen de tráfico perjudica especialmente a las comarcas situadas en el corredor entre León y Astorga.
UPL reclama una posición común desde Castilla y León
La portavoz leonesista recordó además que su formación ha presentado durante los últimos años distintas iniciativas parlamentarias para reclamar la eliminación de estos peajes, incluidas propuestas que recibieron respaldo en las Cortes.
Ahora, UPL quiere que la Junta pase de las declaraciones a una estrategia institucional sostenida ante el Gobierno de España.
Para la formación, la permanencia de los peajes de la AP-66 y la AP-71 condiciona las comunicaciones de León con Asturias y el eje León-Astorga y genera una desventaja respecto a otros territorios donde antiguas autopistas de pago ya han sido liberalizadas.
Mientras no llegue esa supresión definitiva, los leonesistas reclaman medidas económicas para reducir el coste de los desplazamientos y controles más estrictos sobre las condiciones en las que se presta el servicio.
