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El TSJ de Castilla y León inicia diligencias de investigación por inacción ante los incendios que arrasaron El Bierzo.

La Fiscalía abre diligencias contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras la denuncia de Bierzo Aire Limpio

La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha comunicado a la asociación Bierzo Aire Limpio la apertura de diligencias de investigación penal contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por la posible comisión de delitos relacionados con la gestión de los incendios forestales que asolaron El Bierzo y otras comarcas leonesas durante el mes de agosto de 2025.

La decisión de la Fiscalía responde a la denuncia presentada en agosto por Bierzo Aire Limpio, en la que se señalaban posibles delitos de prevaricación por omisión, delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos conexos vinculados a la inacción y deficiente actuación de la administración autonómica mientras las llamas devastaban extensas zonas de las comarcas del Bierzo, Laciana, La Cabrera, Omaña, Valdería, Maragatería y Valduerna.

Los incendios causaron la destrucción de miles de hectáreas de monte, graves daños en espacios protegidos de la Red Natura 2000, emisiones masivas de humos tóxicos y, lamentablemente, la pérdida de tres vidas humanas, además de graves afecciones a la salud de la población expuesta al humo durante días.

Según Bierzo Aire Limpio, existen indicios fundados de que los responsables de la Junta de Castilla y León no adoptaron las medidas preventivas necesarias pese a disponer de los datos técnicos que permitían valorar el riesgo extremo de incendios, en un contexto de temperaturas récord y fuerte sequedad del terreno. “El Gobierno autonómico contaba con toda la información para anticiparse, pero optó por no reforzar el operativo, a pesar de los antecedentes”, señala la asociación.

La Junta de Castilla y León solo había ejecutado alrededor del 48% del presupuesto destinado a la prevención de incendios forestales en agosto de 2025, mientras exige a los particulares -a través de ordenanzas municipales y de los bancos de tierras- mantener sus fincas desbrozadas antes del 1 de junio bajo pena de sanción. Pese a su posición de garante, la baja ejecución presupuestaria confirma que la Junta no realizó ni la mitad de las tareas preventivas en el monte público, ni siquiera antes del inicio de la época de Riesgo Alto, fijada por su propio Plan INFOCAL a partir del 12 de junio. Tampoco redobló su labor en las Zonas de Alto Riesgo, catalogadas por la propia Administración, precisamente aquellas que terminaron siendo pasto de las llamas. Esta omisión en las áreas más críticas demuestra una injusticia manifiesta, al desatender los lugares donde el peligro era más evidente.

La organización recuerda que, tras catástrofes anteriores acaecidas en la comunidad autónoma y especialmente en el Bierzo, o la Sierra de la Culebra (2022), no se reforzó el operativo de incendios ni se aumentaron los recursos de prevención, vigilancia o personal. “Lejos de aprender de lo ocurrido, la Junta mantuvo un operativo infradotado y descoordinado, lo que constituye -a nuestro juicio- una inacción deliberada que agravó las consecuencias del desastre”, añade Bierzo Aire Limpio.

A esta falta de previsión se suma, según la denuncia, la ausencia de coordinación efectiva con los ayuntamientos y los servicios estatales de emergencias, lo que habría dificultado una respuesta rápida y eficaz en las horas críticas. La ausencia de medios de extinción activos en zonas de riesgo extremo, como se constató nuevamente en el incendio de Sobrado semanas después, refuerza la tesis de una gestión negligente.

Al tratarse de aforados, tanto el presidente de la Junta como el consejero de Medio Ambiente deben responder ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, que será el órgano encargado de valorar las diligencias e impulsar, en su caso, las actuaciones judiciales pertinentes.

Bierzo Aire Limpio destaca que la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía “es un primer paso imprescindible para depurar responsabilidades políticas y penales” y celebra que el Ministerio Público haya atendido la necesidad de investigar los hechos.

Sin embargo, lamenta que, en paralelo, las Cortes de Castilla y León rechazaran este miércoles, la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la gestión de los incendios del pasado verano, en los que ardieron más de 150.000 hectáreas, murieron cuatro personas y miles de vecinos fueron desalojados.

“Mientras la Fiscalía actúa, el Parlamento autonómico opta por cerrar filas y negar información incluso a los propios procuradores y a las organizaciones sociales y ecologistas. Es el enésimo cerrojazo informativo de un Gobierno que prefiere el silencio a la rendición de cuentas”, denuncian desde la asociación.

Bierzo Aire Limpio recuerda que los daños no terminan con las llamas: las escorrentías, corrimientos de tierra y arrastre de cenizas y materiales tóxicos hacia ríos y embalses están provocando una segunda catástrofe ambiental ante la que la ausencia de previsión sigue siendo tónica general.

La asociación ha solicitado por escrito a la Junta de Castilla y León información sobre las medidas preventivas adoptadas para evitar los impactos post-incendio, sin haber recibido respuesta hasta la fecha. “La ausencia de planificación en la restauración ambiental pone ya en riesgo la calidad del agua de los ríos de la comarca que abastecen a poblaciones bercianas. Cada día que pasa sin intervención se agrava el daño”, advierten. Asimismo, piden explicaciones sobre los lugares en los que se están depositando los lodos extraídos del río Meruelo y de otros cauces afectados, dado que el traslado o acumulación incontrolada de esos sedimentos, cargados de cenizas y contaminantes, puede generar nuevos focos de degradación ambiental si no existe un plan que los gestione adecuadamente.

La apertura de diligencias coincide con la aparición pública de Fernández Mañueco y Suárez-Quiñones en Ponferrada, donde participaron en la firma de un documento de carácter meramente simbólico. “Mientras la Fiscalía investiga su inacción, los responsables políticos se dedican a escenificar compromisos vacíos, midiendo el pulso de la opinión pública a la espera de que el tiempo borre la indignación ciudadana”, afirma Bierzo Aire Limpio.

La asociación insiste en que la sociedad berciana no olvidará ni las pérdidas humanas ni la destrucción de su territorio, y que seguirá promoviendo las acciones legales necesarias “para que nunca más la inacción institucional sea cómplice del fuego”.

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