El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha emitido una sentencia contundente que anula las peatonalizaciones impulsadas por el alcalde de León, José Antonio Diez, dando la razón al recurso presentado por el Grupo Municipal del Partido Popular (PP). David Fernández, portavoz del PP en el Ayuntamiento de León, acompañado por la concejala Ana Franco y el abogado Carlos González Antón, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa para valorar la resolución judicial, que califica como “un golpe a la soberbia del alcalde”.
Fernández recordó que las polémicas obras comenzaron hace dos años, en calles como San Agustín, Gil y Carrasco o Alfonso V, bajo la premisa de crear una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Según el PP, estas actuaciones “carecían del soporte técnico y jurídico exigido por la ley”, lo que ha derivado en un caos circulatorio y perjuicios económicos para la ciudadanía.
El fallo del TSJCyL subraya la “nulidad de pleno derecho” de los bandos emitidos por el alcalde, reconociendo que vulneraron derechos fundamentales de los ciudadanos. El tribunal destaca además que las medidas cautelares impuestas no perjudican los intereses generales de la administración ni de los ciudadanos, sino que buscan restablecer la legalidad.
En su comparecencia, Fernández criticó la actitud “autocrática” y “soberbia” de Diez, quien, según sus palabras, gestionó la ciudad “como si fuera su cortijo”. El portavoz del PP recordó que, pese a las advertencias del Procurador del Común y del propio grupo municipal, el alcalde continuó adelante con decisiones que ahora han sido declaradas ilegales.
El dirigente popular exigió al alcalde que acate la sentencia y revierta de inmediato las medidas adoptadas, devolviendo el uso de las calles a su estado previo, bajo el modelo de calmado de tráfico. Además, pidió la paralización de la tramitación de la nueva Ordenanza de Movilidad y un replanteamiento dialogado de la ZBE, que incluya alternativas de circulación y aparcamiento.
Para Fernández, la sentencia refleja “la importancia democrática del papel de la oposición” y pone en evidencia “la incapacidad del alcalde para gestionar adecuadamente los asuntos de la ciudad”. “Si esto fuera una empresa privada, José Antonio Diez ya habría sido despedido por sus reiterados reveses judiciales y sobrecostes millonarios”, concluyó.
Con esta resolución, el PP se prepara para seguir litigando en defensa de los ciudadanos en el pleito principal, que determinará la legalidad de todas las actuaciones llevadas a cabo en las calles afectadas. Mientras tanto, los leoneses aguardan las próximas decisiones de un Ayuntamiento en el centro de la polémica.
