En Palencia, el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas del PSOECyL aprobó por unanimidad una resolución para impulsar “políticas públicas efectivas” que refuercen el acceso a la vivienda en Castilla y León, tanto en alquiler como en propiedad. El documento sitúa la vivienda como derecho subjetivo y plantea una estrategia de coordinación “multinivel” con protagonismo municipal.
Según el texto, el objetivo es que cada ciudadano tenga “condiciones que faciliten” el acceso a una vivienda, con instrumentos públicos que permitan actuar sobre el mercado y ampliar el parque de vivienda pública, especialmente en régimen de alquiler.
Un consorcio autonómico con ayuntamientos y diputaciones
Uno de los ejes centrales es la propuesta de crear un consorcio autonómico de vivienda y suelo “del que tienen que formar parte” ayuntamientos y diputaciones, para que las entidades locales no sean solo cedentes de suelo y puedan convertirse en actores clave de las políticas de vivienda.
La resolución insiste en que la comunidad “no solamente tiene que esperar a recibir de arriba, sino que tiene que pisar abajo”, y reclama interlocución y participación directas de los ayuntamientos con la administración autonómica en la planificación y ejecución de medidas.
Alquiler asequible, vivienda pública y protección “de por vida”
El documento compromete al PSOECyL a promover vivienda pública mayoritariamente en alquiler, con rentas asequibles ajustadas a los ingresos de la unidad convivencial, y plantea que las viviendas protegidas mantengan su calificación de por vida para evitar la especulación con inversión pública.
Además, el texto plantea un Pacto Social por la Vivienda con entidades, asociaciones, colegios profesionales y universidad, y apuesta por intervenir en el alquiler libre mediante un programa de intermediación con propietarios de viviendas vacías, ofreciendo garantías y asignando esas viviendas a demandantes cuya renta de alquiler no supere el 30% de sus ingresos.
Críticas a la Junta y datos sobre vivienda protegida
En el apartado político, los representantes municipales socialistas atribuyen a la Junta un déficit de políticas eficaces y cargan contra el presidente Alfonso Fernández Mañueco por la evolución de la vivienda protegida. La resolución afirma que, desde que gobierna, la vivienda protegida se reduce al 1,4% y que, en cuatro décadas, se ha pasado de “una de cada cuatro” viviendas con protección a “una de cada cien”.
El planteamiento socialista defiende que la promoción de pisos de protección oficial es una herramienta para corregir desequilibrios del mercado inmobiliario y reforzar el acceso a la vivienda en Castilla y León en entornos urbanos y rurales.
