La crispación política sube de tono en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. El Grupo Municipal Socialista ha lanzado una dura acusación pública contra el equipo de gobierno de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), señalando una presunta trama de irregularidades administrativas, falta de transparencia y «oscurantismo» en la organización de la Feria de la Cerveza Artesana que se celebra este fin de semana en el municipio.
Para la formación socialista, las prioridades del ejecutivo local están distorsionadas. Mientras las fiestas patronales del municipio sufren, según el PSOE, «trabas administrativas y aportaciones paupérrimas», este encuentro cervecero se ha gestionado con una celeridad inusual pero plagada de deficiencias legales. «Nuevamente demuestran que su principal preocupación no es el interés general del municipio, sino salvar sus chiringuitos particulares a cualquier precio», censuran desde la oposición.
La prueba del Parque de la Era: Montaje antes del cierre de ofertas
El principal foco de conflicto se destapó durante las comisiones informativas de este mes. El PSOE califica la tramitación de «insulto a la inteligencia» basándose en una estricta cronología de los hechos acontecidos esta misma semana en el Parque de la Era:
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09:00 horas del miércoles: Operarios municipales y de la organización comienzan las labores de montaje de la carpa oficial del evento en el recinto.
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14:00 horas del miércoles: Fecha y hora legal en la que se cerraba oficialmente el plazo de licitación para que las empresas interesadas presentaran sus ofertas al concurso público.
«¿Cómo es posible que se esté montando la infraestructura de un evento antes de saber qué empresa va a ganar el concurso o qué ofertas se han presentado? El procedimiento estaba completamente decidido de antemano y la licitación ha sido un mero paripé», denunciaron de forma unánime los grupos de la oposición presentes en la comisión.
A esta situación se sumó el intento de la Alcaldía y la Concejalía de Cultura de ampararse en una «falsa protección de datos» para denegar a los concejales de la oposición el acceso a las memorias originales de los contratos.
Modificaciones contables exprés y «desaparición» de la carpa
El componente económico del expediente añade, a juicio del PSOE, más sombras al proceso. El departamento de Contratación solicitó inicialmente una Retención de Crédito (RC) por valor de 9.000 euros para financiar la feria. Sin embargo, el jefe de Contabilidad emitió una advertencia vinculante: solo existían 4.990 euros disponibles en dicha partida (la misma cuantía asignada el año pasado).
Para sortear el bache presupuestario, el PSOE desvela que el equipo de gobierno forzó a la técnico del área de Juventud a rehacer de urgencia la memoria económica a mitad de semana. La solución consistió en «borrar» el coste de la carpa del presupuesto municipal para rebajar de forma ficticia el importe total del contrato.
La justificación ofrecida de manera informal por el concejal de Cultura —quien se ausentó de la Comisión de Personal para supervisar los trabajos en el parque— es que el coste de la carpa será asumido directamente por los cerveceros artesanos participantes. Tras las reiteradas exigencias de la oposición, el gobierno local entregó este jueves la memoria definitiva (fechada el martes 19 de mayo de 2026), pero continúa ocultando las dos versiones previas, motivo por el cual los socialistas solicitarán formalmente toda la documentación por escrito.
Un cartel oficial impreso con una semana de antelación
El argumento definitivo que esgrime el principal partido de la oposición para demostrar el supuesto fraude de plazos se encuentra en las propias redes sociales de la institución. El cartel promocional de la Feria de la Cerveza Artesana —donde aparecen detallados los nombres de los artesanos participantes, las marcas patrocinadoras y las actuaciones musicales con nombres propios— fue publicitado oficialmente el pasado 15 de mayo.
Es decir, el Ayuntamiento difundió la programación cerrada del evento una semana antes de que se cerrara el concurso y se fijaran de forma legal las condiciones obligatorias de contratación de las actividades complementarias.
El PSOE ha querido desmarcarse de cualquier valoración sobre el interés lúdico de la iniciativa, aclarando que su denuncia se centra en el modelo de gestión. «San Andrés no puede regirse como el cortijo privado de la UPL, donde los plazos legales se ignoran y los contratos se trocean», zanjan los socialistas, anunciando medidas de fiscalización estrictas para esclarecer el caso.
