La viceportavoz socialista, Nuria Rubio, aseguró que la nueva norma, nacida del consenso de todas las fuerzas parlamentarias a excepción del PP, establecerá por fin reglas objetivas y auditables para el reparto de la publicidad pagada con fondos públicos.
«La publicidad institucional no puede seguir dependiendo de afinidades políticas ni utilizarse como moneda de cambio para comprar titulares», manifestó Rubio durante su intervención. La procuradora acusó al Partido Popular de haber utilizado estos fondos «no para informar a la ciudadanía, sino para premiar a medios afines y silenciar a quienes no comulgan con su línea ideológica».
Según la representante socialista, la ley impulsará un modelo «más justo, más eficiente y más democrático» al implementar mecanismos de control como la publicación de todos los contratos, la exigencia de informes anuales independientes y la creación de herramientas que permitan una trazabilidad completa del gasto. Además, la norma incluirá cláusulas sociales y territoriales para fomentar la igualdad de acceso a estos recursos entre los grandes y los pequeños medios de comunicación.
Rubio también vinculó esta reforma con la necesidad de un nuevo modelo para la radiotelevisión de Castilla y León (RTVCyL), abogando por un ente público que «informe, eduque y entretenga con rigor», libre de control político y que apueste por el talento local.
La viceportavoz denunció las «trabas constantes» del PP durante la tramitación de la ley y calificó de «práctica antidemocrática y peligrosa» las supuestas llamadas realizadas desde la Junta a medios de comunicación, advirtiéndoles de que la aprobación de la norma les podría abocar al cierre. «Quien presiona a los medios desde una posición institucional está quebrantando la legalidad y la ética pública. No nos vamos a callar», sentenció.
«Hoy avanzamos y, como toda ley, es mejorable», concluyó Rubio, mostrando la disposición del PSOE a seguir dialogando para perfeccionar la legislación en el futuro.
