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El PSOE CyL registra la modificación de la Ley de Publicidad Institucional para apoyar a los medios locales

Carlos Martínez cumple su compromiso con el sector y propone que el límite del 33% de inversión se aplique exclusivamente a la Junta, liberando el acceso a fondos de otras administraciones.

El Grupo Parlamentario Socialista ha formalizado hoy en el registro de las Cortes de Castilla y León una iniciativa legislativa clave para el tejido informativo de la comunidad: la Proposición de Ley de modificación de la Ley 4/2009, de 28 de mayo, de Publicidad Institucional.

Este movimiento responde al compromiso adquirido por Carlos Martínez, secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, quien había adelantado su intención de blindar la sostenibilidad de los medios de comunicación, con especial atención a las cabeceras más pequeñas y locales, vitales para la vertebración del territorio.

Un compromiso cumplido con el sector Según han explicado fuentes socialistas, la propuesta no nace de forma unilateral, sino que es fruto del diálogo y el trabajo conjunto con los propios medios de comunicación. El objetivo es dotar de mayor seguridad jurídica y financiera a las empresas periodísticas que operan en la comunidad, muchas de las cuales se veían asfixiadas por la interpretación actual de la normativa.

Clarificar el límite del 33% El núcleo de la reforma se centra en una corrección técnica pero de gran calado económico. La Proposición de Ley recupera el espíritu de una enmienda transaccional que el Grupo Socialista ya defendió durante el trámite parlamentario original y que, en su momento, contó con el voto en contra del Partido Popular.

La modificación busca establecer negro sobre blanco que el límite del 33% en la adjudicación de publicidad institucional se aplica únicamente a los fondos provenientes de la Junta de Castilla y León. Con esta redacción, se elimina la barrera que penalizaba a los medios, permitiéndoles recibir fondos y campañas de otras administraciones públicas (como Ayuntamientos o Diputaciones) sin que ello compute para el tope fijado por la administración autonómica.

Con este registro, el PSOE busca corregir una distorsión normativa que amenazaba la viabilidad de numerosos proyectos informativos en el mundo rural, asegurando así la pluralidad informativa en Castilla y León.

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