David Fernández ha señalado que el Grupo Municipal del Partido Popular presenta la moción de reprobación “después de un proceso de reflexión ante la gravedad de los hechos que se describen y que son de conocimiento público, además de valorar la opinión emitida por otros grupos municipales sobre esos asuntos”
El PP municipal impulsa la reprobación como principal partido de la oposición y, por tanto, principal responsable del control de la acción del gobierno pero con la intención de abrir un diálogo desde el día de hoy hasta la celebración del Pleno, el próximo viernes, con el resto de grupos que no son gobierno”.
El portavoz popular señala la finalidad de esta moción: “Defender el interés de los leoneses, que conozcan lo que pasa en su ayuntamiento y cómo se gestionan sus impuestos; e impulsar la solución a todas esas deficiencias en su gestión, que se arrastran desde hace años”.
El texto de la moción “para impulsar una declaración municipal de reprobación al alcalde del Ayuntamiento de León” recuerda que es obligación de los responsables públicos que ejercen su cargo al frente de cualquier administración “la persecución del interés general como principio inspirador de las políticas públicas, con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico”.
Como base de este principio, el texto presenta una sucinta relación de hechos, una narración de la realidad política y administrativa del Ayuntamiento de León:
- El alcalde de León y el equipo de gobierno municipal viene incumpliendo sistemáticamente la ley en cuanto al plazo de respuesta a las peticiones de información sobre diversos asuntos municipales formuladas por los concejales de la oposición.
Así ha sucedido, por ejemplo, en lo relativo a los informes elaborados por la intervención municipal respecto al Plan Anual de Control Financiero 2024 (que aún no ha sido remitido al Pleno tal y como exige la ley) y cuya entrega se demoró cincuenta días desde que el 21 de noviembre fue solicitado por primera vez por el Grupo Municipal del Partido Popular.
La ocultación deliberada de información a los miembros de la oposición es una práctica que lesiona los derechos constitucionales de éstos, como así se recoge en las SSTC (169/2009; 20/2011; y 9/2012), pues reconoce el tribunal que “entre las funciones que pertenecen al núcleo inherente a la función representativa que constitucionalmente corresponde a los miembros de una corporación local se encuentran, en todo caso, la de participar en la actividad de control del gobierno local, la de participar en las deliberaciones del Pleno de la corporación, la de votar en los asuntos sometidos a votación en este órgano, así como el derecho a obtener la información necesaria para poder ejercer las anteriores”.
- El alcalde de León y el equipo de gobierno municipal gestionan de manera irregular la contratación municipal, incumpliendo, en muchos casos, la normativa vigente a este respecto. Así lo afirma también el Sr. Interventor General del Ayuntamiento a lo largo de varias Juntas de Gobierno Local y en sus informes de control financiero. A modo expositivo, podríamos citar algunas de estas irregularidades, calificadas por la oposición como “tremendamente graves”:
- Los cuatro millones de euros en los que cifra el órgano interventor el valor anual de los contratos afectados por prestaciones extemporáneas, es decir, obras y servicios que proveedores vienen prestando al Ayuntamiento pese a haber vencido el contrato, con el consiguiente perjuicio que para proveedor y administración esto puede acarrear. Algunos ejemplos de esta situación son los contratos de renting de los vehículos de la policía, la ayuda a domicilio, los suministros de la residencia o de servicios sociales, la energía, o el mantenimiento de la red semafórica.
- Existen, además, otros ochocientos mil euros anuales que se sustraen de las arcas municipales prescindiendo totalmente del procedimiento legal preceptivo como ocurre con las prestaciones de hecho del mantenimiento del parque de la Chantría, el alojamiento externo de datos o el ensobrado de notificaciones.
- En otros ámbitos de la gestión municipal, la gestión del alcalde y su equipo también adolece de gran descontrol e ineficiencia. Podríamos destacar, en este caso, la falta de fiabilidad de la información financiera municipal. Según indica el Interventor General, es imposible calcular adecuadamente el coste de los servicios y actividades que presta el ayuntamiento pues no se está utilizando la aplicación GPA (comprada a tal efecto) para conocer el valor de los activos municipales y calcular, por tanto, las tasas y precios públicos, lo que lleva a una injusta fiscalidad sobre los leoneses.
Esta falta de diligencia en la gestión tiene como consecuencia una gestión antieconómica del dinero de todos los leoneses y su máximo exponente podría ser la problemática de la gestión del aparcamiento subterráneo de la plaza San Marcelo.
Toda oposición municipal ha denunciado en numerosas ocasiones la situación precaria en que se encuentra esta infraestructura, administrativa y estructuralmente. Por parte de la oposición se ha tratado de buscar, así mismo y ante la inacción del equipo de gobierno, una solución administrativa a esta situación.
Ya en septiembre de 2022 se aprobó por unanimidad en Pleno –a propuesta de PP, UPL y Cs- dotar como solución a la situación irregular la municipalización de la gestión del aparcamiento. Sin embargo, tras más dos años y medio, el alcalde y el equipo de gobierno han obstaculizado –por acción en unos casos y por omisión en otras- la resolución de este problema y, en consecuencia, hasta la fecha de presentación de la presente MOCIÓN, se viene produciendo una “prórroga de hecho” del contrato vencido que ha llevado a una “situación de ilegalidad” según informa el Interventor General del Ayuntamiento de León en su Informe de Análisis de Riesgos 2024.
Debido a esta “situación de ilegalidad”, provocada por la negligencia del alcalde y su equipo de gobierno, el Ayuntamiento de León ha dejado de ingresar más de un millón de euros de beneficio neto por la explotación de la infraestructura, lo que supone un grave daño a la hacienda pública municipal, así como una muestra de ineficacia, ineficiencia y gestión antieconómica por parte del alcalde. A mayor abundamiento en los perjuicios que la postura negligente del gobierno municipal ha provocado, es obligado destacar el muy deficiente estado de conservación en que se encuentra la infraestructura.
Muchos leoneses se preguntarán cuál es la razón que tiene el alcalde para mantenerse en la ilegalidad y no desbloquear en dos años y medio esta situación. La respuesta es sencilla de acuerdo a sus acciones y declaraciones: su decisión política personal de privatizar la gestión de la infraestructura en contra de lo manifestado en reiteradas ocasiones por la mayoría del pleno.
Esta cerrazón particular del señor Díez Diaz, le ha llevado a permitir que los leoneses pierdan más de un millón de euros en estos dos años y medio, que tengan que soportar el mal estado de una infraestructura que se cae a pedazos y a contravenir la voluntad del Pleno municipal.
