El pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) promovida por el Grupo Parlamentario Popular para instar al Gobierno de España a elaborar de forma urgente un Plan Nacional de Conservación Viaria. El objetivo, según los proponentes, es frenar el deterioro de la red estatal, reforzar la seguridad vial y garantizar la cohesión territorial, especialmente en comunidades extensas y con amplia movilidad interurbana.
La iniciativa, defendida por la procuradora popular Elena Rincón, reclama una hoja de ruta “realista”, con plazos, prioridades e inversión suficiente, y alineada con los compromisos de la Estrategia de Seguridad Vial 2030. En el debate, el PP ha dirigido sus críticas al Ejecutivo central presidido por Pedro Sánchez y a la política de mantenimiento dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Qué exige la PNL aprobada en las Cortes
El texto aprobado solicita al Ejecutivo central, entre otras medidas:
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La elaboración, en un plazo máximo de seis meses, de un Plan Nacional de Conservación Viaria en colaboración con las administraciones competentes.
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La fijación de prioridades de actuación, con identificación de tramos críticos y objetivos medibles.
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El estudio de instrumentos financieros y administrativos para asegurar la viabilidad del plan y sostener inversiones de conservación a medio plazo.
Los datos que sustentan la denuncia: “la peor situación desde los años 80”
Durante la defensa de la propuesta, Rincón apoyó su argumentación en datos técnicos atribuidos a la Asociación Española de la Carretera (AEC). Según esas estimaciones, más del 50% de las carreteras españolas presentan deterioros graves o muy graves, con una necesidad de intervención que afecta a decenas de miles de kilómetros.
El dato más llamativo, según la información difundida, es el incremento acelerado de los tramos en peor estado: en apenas dos años, los kilómetros con deterioros muy graves se habrían triplicado, pasando de 13.000 (2022) a 34.000 (2025). Para el PP, estas cifras evidencian un deterioro estructural que impacta de forma directa en la seguridad y en el coste de mantenimiento futuro. “Afecta a la seguridad vial de millones de ciudadanos”, trasladó la procuradora en sede parlamentaria.
Seguridad vial y cohesión territorial: el argumento político de fondo
El Grupo Popular sostiene que el desgaste del firme y la falta de intervenciones planificadas castigan más a los territorios con mayor dispersión, donde la carretera es clave para acceder a servicios y conectar zonas rurales. En ese marco, la PNL plantea la conservación viaria como una política de igualdad territorial y no solo como una cuestión técnica.
Rincón defendió que la Estrategia de Seguridad Vial 2030 contempla la gestión de la seguridad en infraestructuras y la evaluación objetiva de la red, por lo que, a juicio del PP, el deterioro actual contrasta con los compromisos públicos ya establecidos. Además, cuestionó la eficacia del Plan de Actuaciones 2024-2025 vinculado a esa estrategia, al considerar que no se está aplicando con el rigor necesario.
Sin respuesta oficial inmediata, Transportes apela a actuaciones de conservación en marcha
En paralelo a la crítica parlamentaria, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha venido comunicando licitaciones y actuaciones de conservación en distintos puntos de la Red de Carreteras del Estado, enmarcadas en sus programas de mantenimiento. No obstante, en el momento de la aprobación de la PNL, no trascendió una respuesta pública específica del Gobierno a la iniciativa aprobada en las Cortes autonómicas.
El debate queda ahora en el terreno político e institucional: el PP pide un plan estatal con calendario y financiación, mientras el Ejecutivo defiende —en sus comunicaciones sobre obras— que continúa impulsando actuaciones de mejora y conservación de firmes.
