El Partido Popular de San Andrés del Rabanedo ha denunciado este martes una situación que considera grave en la gestión del bar de las piscinas municipales. Según la formación, la empresa adjudicataria mantiene una deuda de casi 10.000 euros con el Ayuntamiento por el impago del canon y, aun así, ha seguido prestando el servicio durante los últimos años con sucesivas renovaciones aprobadas por el equipo de gobierno de la UPL.
La denuncia del PP pone el foco en el contrato firmado en febrero de 2023 para la explotación de los bares de las piscinas de Trobajo del Camino y San Andrés del Rabanedo. Ese acuerdo, siempre según la versión trasladada por los populares, establecía un canon anual de 4.550 euros a favor de las arcas municipales y contemplaba la posibilidad de prórrogas anuales si se cumplían las condiciones fijadas en el pliego.
Sin embargo, el grupo popular sostiene que ese cumplimiento no se produjo. La portavoz del PP, Noelia Álvarez, asegura que la mercantil dejó de abonar el canon mensual prácticamente desde el inicio de la prestación del servicio. A pesar de ello, añade, el contrato se prorrogó en marzo de 2024 y de nuevo en abril de 2025, incluso cuando ya existía deuda con la Administración local.
Para el PP, ese dato resulta especialmente relevante. La formación advierte de que mantener obligaciones económicas pendientes con la Administración es uno de los aspectos que, según el pliego, puede impedir la renovación del contrato o incluso justificar su rescisión. Pese a ello, los populares critican que la UPL autorizara las sucesivas prórrogas. En este momento, además, sostienen que la empresa continúa prestando el servicio sin contrato renovado.
Noelia Álvarez enmarca este caso dentro de una crítica más amplia a la gestión económica del equipo de gobierno. La portavoz popular afirma que la situación del bar de las piscinas es “solo un ejemplo” del deterioro administrativo que, a su juicio, atraviesa el Ayuntamiento desde la llegada de la UPL al Ejecutivo municipal.
En esa línea, el PP sostiene que el Consistorio sigue funcionando con el presupuesto prorrogado desde 2020 y denuncia que todavía no se han aprobado documentos clave como la liquidación presupuestaria de 2024 y 2025 o la cuenta general. También asegura que persisten dudas sobre facturas pendientes, pagos ya realizados, pérdida de subvenciones por más de un millón de euros y la situación de más de un centenar de trabajadores vinculada al proceso de estabilización.
La oposición eleva así la presión política sobre el gobierno local en un momento delicado para la gestión municipal. Con esta denuncia, el PP intenta situar el foco en el control de los contratos públicos, el seguimiento de las obligaciones económicas de las adjudicatarias y la fiscalización de los servicios municipales.
Por ahora, la denuncia popular se apoya en la documentación del expediente y en la interpretación que hace el propio grupo municipal sobre las condiciones del contrato y sus prórrogas. El caso añade un nuevo frente al debate político en San Andrés del Rabanedo, donde la gestión económica vuelve a colocarse en el centro de la confrontación entre gobierno y oposición.
