La portavoz del Partido Popular en San Andrés del Rabanedo, Noelia Álvarez, mostró su indignación ante las prioridades en el gasto que ha establecido la Unión del Pueblo Leonés en el tercer municipio de la provincia. Una situación “que hace qué pensar sobre el incierto futuro” de los ciudadanos después de que el concejal de Servicios, Alejandro Calvo, considere que gastar 12.000 euros en instalar iluminación vertical led en cada paso de peatones peligroso del municipio no es lo más apropiado. “La seguridad de los vecinos no tiene precio y no se valora en euros”, dijo la edil del PP que no dudó en afirmar que la UPL no tiene ningún problema en pagar facturas de ferias y fiestas con advertencia de ilegalidad de los técnicos municipales pero muestra su rechazo a inversiones que mejorarían la seguridad vial en el municipio. Con el agravante que la excusa de que no hay dinero no sirve porque en las arcas municipales hay
Ante esta situación, el PP vigilará estrechamente el cumplimiento de la moción que, paradójicamente, votó también ha favor la UPL después de criticar su idoneidad y su utilidad y que recoge la instalación de iluminación vertical led en los pasos de peatones con más peligrosidad del municipio, al igual que están haciendo el de León. Noelia Álvarez acusó a la UPL de intentar chantajear al PP con artimañas que están fuera del juego democrático. “”Quien tiene la responsabilidad de solucionar los problemas de los ciudadanos es quien gobierna pero culpar todos los días a la oposición de su ineptitud para gobernar no va a hacer que dejemos de fiscalizar la política de la UPL porque para eso estamos en la oposición”, precisó Álvarez que no dudó en afirmar que “no nos van a callar”.
A este respecto, Noelia Álvarez lamentó que el Pleno celebrado ayer “volviera a tomar ciertos tintes de soberbia y prepotencia, que ya vivimos hace años, que en nada beneficia ni a este Ayuntamiento ni a sus vecinos”. Para el PP, es una falta de respeto absoluta de la alcaldesa de San Andrés, Ana María Fernández Caurel, y de sus concejales hacia la ciudadanía el hecho de no contestar a ninguna de las preguntas realizadas en el pleno, ni siquiera las que necesitaban una respuesta inmediata por ser temas de interés. “La ley permite contestar en el siguiente pleno pero cuándo transcurra un mes, algunas de las cuestiones preguntadas estarán caducadas sin que sepamos cómo se van a solucionar”, concluyó.
