El reloj corre para las finanzas de León y el tablero político municipal ha saltado por los aires. A menos de veinticuatro horas del pleno clave, el portavoz del Grupo Municipal Popular, David Fernández, ha escenificado la negativa rotunda de su formación a dar luz verde al Presupuesto General del Ayuntamiento de León para 2026. No se trata de un veto de trámite ni de una rabieta de la oposición. Las razones esgrimidas dibujan un mapa de gestión que marca distancias insalvables con el equipo de gobierno socialista liderado por José Antonio Diez.
La primera quiebra es puramente democrática. El equipo de gobierno ni siquiera ha intentado sentarse a dialogar con el principal grupo de la oposición, prefiriendo estirar los plazos hasta el límite legal del calendario de julio. La escena suena repetida. En el ejercicio anterior ocurrió lo mismo: el regidor socialista desoyó sin contemplaciones más de una veintena de enmiendas por un valor superior a los diez millones de euros. Choca ver cómo quien pedía madurez y grandes consensos para otras instituciones aplica el rodillo en su propia casa.
Más allá del desplante político, el nudo gordiano del rechazo reside en las tripas financieras del documento. El incremento de 12 millones en el presupuesto no responde a un crecimiento económico real de la ciudad, sino a ingresos pendientes de cobro acumulados durante años. En concreto, ocho de esos millones proceden de licencias, plusvalías e impuesto de construcciones arrastrados por demoras en la propia tramitación municipal. Un auténtico malabarismo contable para cuadrar el desfase provocado por los vaivenes en las tasas de residuos.
El borrador económico deja al descubierto costosas contradicciones:
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Basuras y residuos: Las cuentas omiten más de cuatro millones por la tasa de tratamiento y cargan con un sobrecoste de 700.000 euros pagados a la Diputación por la incapacidad de implantar a tiempo el contenedor orgánico, lo que sumó además la pérdida de subvenciones europeas.
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Gastos de parcheo: Suben las partidas destinadas a limpieza viaria, mantenimiento de zonas verdes y servicios externalizados, incluyendo una bolsa de 3,3 millones bajo el inconcreto epígrafe «Plan de actuación de ciudad».
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Promesas en saco roto: Desaparecen el millón de euros pactado para arreglar colegios públicos y los 3,7 millones prometidos para devolver la tasa de basuras declarada ilegal.
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Prioridades en año electoral: Destaca un llamativo incremento del 86% en el coste del gasto de Alcaldía y un subidón del 10% en publicidad institucional.
Al revisar la letra pequeña surgen además partidas difíciles de sostener, como los 100.000 euros destinados a sanear suelos por una fuga de combustible que los propios informes del consistorio nunca llegaron a confirmar como vertido. A esto se suma la brecha en el capítulo de personal: la subida prevista del 1,94% se queda corta frente al IPC estimado y al impacto inminente de la jornada de 35 horas, dejando un agujero en la partida que se lleva el 43% de los recursos públicos.
Esta radiografía deja también un dardo directo hacia la Unión del Pueblo Leonés (UPL). Para los populares, el respaldo leonesista a estas cuentas es incomprensible tras meses criticando la falta de inversiones reales y las chapuzas normativas. Mañana las cuentas afrontarán su examen en el Pleno, pero el debate sobre cómo se gestiona el dinero público en León ya está servido en la calle.
