Según la denuncia del PP, la institución provincial está tramitando el pago de las facturas mensuales de 1.815 euros a través de la fórmula de «reconocimiento extrajudicial de crédito». Las últimas facturas, correspondientes a los meses de abril y mayo y sumando un total de 3.630 euros, han sido aprobadas en la Comisión de Hacienda de este mes y se espera que pasen por el Pleno de julio.
El informe del Interventor de la Diputación corrobora la situación, señalando que se trata de «la prestación de un servicio que se sigue prestando aunque se ha agotado el período de vigencia del contrato que lo respaldaba», el cual caducó el 12 de enero de 2022.
El PP critica esta situación como una prueba más de la «inacción y la falta de gestión» por parte de la Diputación, responsabilizando directamente a Luis Alberto Arias, vicepresidente cuarto y diputado de Protección Civil y Servicio Provincial de Extinción de Incendios, por no haber «legalizado la situación a través de un nuevo contrato».
El contrato original, suscrito por un año, preveía hasta tres prórrogas anuales, pero el documento del interventor especifica que la primera prórroga anual no fue autorizada ni se obtuvo la conformidad escrita del propietario de la nave antes del vencimiento. Tampoco se realizó una denuncia previa o notificación de desalojo con la antelación requerida.
El informe de Intervención también destaca la necesidad de mantener el servicio, dado que la nave es crucial para «poder estacionar los vehículos, disponer del control sobre los mismos y poder realizar las operaciones de mantenimiento que requieran» mientras se tramita un nuevo contrato de arrendamiento. Sin embargo, recalca que estas obligaciones han surgido «al margen del procedimiento legal previsto en la Ley 9/20017 de 8 de noviembre de contratos del sector público».
La denuncia pone de manifiesto la urgencia de regularizar la situación contractual para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento en la Diputación de León.
