strategia de fragmentación en la Moncloa. El Consejo de Ministros ha acordado este martes dividir el polémico decreto «ómnibus» en dos bloques diferenciados con un objetivo claro: salvar las medidas sociales tras el rechazo parlamentario de la semana anterior. El Ejecutivo separará la revalorización de las pensiones del paquete de medidas anticrisis y el escudo social.
El cambio clave en los desahucios
Para lograr el apoyo de Junts, que votó en contra junto a PP y Vox, el PSOE y Sumar han tenido que aceptar una modificación sustancial propuesta por el PNV en materia de vivienda. La moratoria antidesahucios, que hasta ahora era general, sufrirá un recorte en su alcance.
Según ha confirmado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, los propietarios que posean menos de tres viviendas quedarán excluidos de esta prórroga. En estos casos, si se produce un impago o finalización de contrato, serán los servicios sociales quienes tendrán la obligación legal de buscar una alternativa habitacional para los inquilinos vulnerables, descargando la responsabilidad del pequeño arrendador.
«Se trata de una parte muy pequeña del mercado inmobiliario», ha justificado Urtasun, admitiendo que Sumar ha tenido que ceder para garantizar la supervivencia del resto del escudo social.
Guerra abierta a la izquierda del PSOE
La medida ha provocado un incendio inmediato en el bloque de investidura. Podemos, cuyos votos siguen siendo decisivos, ya ha manifestado su rechazo frontal. La secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, no ha ocultado su indignación en redes sociales, llegando a expresar su «asco absoluto» por lo que considera un blindaje a las rentas altas.
Desde la formación morada sostienen que cualquier propietario de viviendas en alquiler pertenece al sector más privilegiado de la sociedad y que esta concesión a la derecha nacionalista desvirtúa el espíritu de la ley.
Próximos pasos en el Congreso
Con esta maniobra, el Gobierno espera que Junts y PNV den luz verde a las normativas en la próxima votación. Sin embargo, el «no» casi seguro de Podemos complica la aritmética parlamentaria, obligando al Ejecutivo a seguir negociando contra reloj para evitar un nuevo fracaso legislativo que dejaría en el aire las ayudas anticrisis.
