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El Gobierno trabaja para que las terapias de conversión sean catalogadas como delito

Las controvertidas terapias de conversión, aquellas prácticas que buscan 'reconvertir' la orientación sexual o identidad de género, podrían incluirse en el Código Penal.

Así lo ha anticipado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en redes sociales. En un vídeo compartido en el perfil del Ministerio de Igualdad, ha manifestado la «preocupación» del Gobierno por estas terapias y ha adelantado que están trabajando en 2 direcciones para hacerlas frente.

Por un lado ha hablado de loe expedientes sancionadores que la actual normativa les permite ejecutar y, por otro, la posibilidad de catalogar como delito estas terapias.

«Avanzamos con el Ministerio de Justicia para ver la posibilidad de incorporar al Código Penal estas mal llamadas terapias de conversión que van contra la dignidad y la libre autodeterminación de las personas», ha enfatizado.

No ha dado fechas concretas sobre una posible normativa, pero confía en que «pronto» pueda haber «buenas noticias» al respecto.

La Asociación Española contra la Terapias de Conversión  cuenta ya con el apoyo de varios partidos para llevar al Congreso una ley que catalogue como delito estas terapias y las sancione.

Se adelantan así al PSOE, que todavía no ha confirmado si firmará esta proposición de ley.

Los que sí que han asegurado su apoyo a la propuesta, que llega el 18 de febrero al Congreso, son Sumar, Podemos, ERC y BNG.

El PSOE llevó este asunto en su programa electoral, pero desde la citada asociación les han reprochado que no han hecho nada y por ello han tomado la iniciativa y negociado apoyos con más partidos.

Las terapias de conversión están prohibidas en España, pero no forman parte del Código Penal y todavía existen organizaciones que las siguen realizando y promoviendo; pero no se ha sancionado todavía a ninguna.

“Una vez estas prácticas sean tipificadas en el Código Penal, serán los jueces quienes las investiguen, garantizando que se respetan los derechos de los investigados, pero también los de los denunciantes. Las víctimas de esta violencia podrán reclamar indemnizaciones y tendrán la condición legal de víctimas de un delito, con los derechos que conlleva. Los autores de estas prácticas no podrán librarse con un crowdfunding de las sanciones que se les impongan», han remarcado desde la organización.

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