La ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, han mantenido una reunión de trabajo este viernes con la organización ConELA (Confederación Nacional de Entidades de Esclerosis Lateral Amiotrófica).
Les han presentado el borrador de un plan de despliegue de la Ley ELA. Se trata de un documento que ambos ministros quieren desarrollar de forma conjunta con las asociaciones de personas afectadas por esta enfermedad, a quienes han pedido sus aportaciones en este encuentro, y también en coordinación con los gobiernos autonómicos sobre los que recae la aplicación de la norma.
El objetivo de este plan es ofrecer una hoja de ruta que permita hacer efectiva la Ley ELA, aprobada el pasado mes de octubre en las Cortes Generales con el voto a favor de todos los grupos políticos. Este documento pretende acelerar el cumplimiento de la norma con once medidas que aterriza la ley en políticas concretas para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad, así como la de sus familiares y la de las personas y profesionales que cuidan de ellas. El plan fija, además, un calendario de implementación de los compromisos que marca la ley y establece los mecanismos de coordinación con los gobiernos autonómicos para acelerar las actuaciones estipuladas.
El despliegue de la Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible (Ley ELA) está dividido en dos fases. La primera, que ya está en curso, desarrolla ocho actuaciones para agilizar los trámites de valoración que permitan acelerar el acceso a los servicios y prestaciones vinculados con la discapacidad y la dependencia. Asimismo, para abordar la necesidad de dar una formación específica de los profesionales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que les permita tratar a las personas con esta enfermedad.
También en esta fase inicial, se activarán y coordinarán las actuaciones que marca la ley para otros ministerios, y que se traduce en acciones como incrementar las cotizaciones de las cuidadoras familiares y su inclusión como colectivo prioritario en las políticas activas de empleo del Ministerio de Trabajo y el de Inclusión, Seguridad Social, Inclusión y Migraciones; concretar las actuaciones del Instituto de Salud Carlos III a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; así como las actuaciones sobre personas electrodependientes (aquellas que requieren un uso intensivo de la electricidad), por medio del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Dentro de la primera fase también se enmarca la mejora de la coordinación sociosanitaria (medida 3) para establecer un marco de referencia que permita definir un objetivo común con las comunidades autónomas. Es en el marco de esta coordinación donde se debe avanzar hacia la provisión de servicios especializados durante las 24 horas del día, una de las principales demandas de los colectivos que representan a las personas enfermas de ELA.
La segunda fase, que está en preparación y se activará cuando se apruebe el desarrollo normativo de la ley, se centra en adecuar la atención y prestaciones a las necesidades de las personas afectadas y suponen, por tanto, medidas que deben movilizar los gobiernos autonómicos, como responsables de ofrecer los servicios a las personas afectadas, y que se centran en:
- Crear una mesa de trabajo con las CCAA dentro del Consejo Territorial del SAAD para coordinar los trabajos de esta fase (medida 9).
- Actualizar la cartera de servicios del Sistema, ampliando la cobertura en fisioterapia y rehabilitación (medida 10).
- Elaborar un Registro Estatal de Enfermedades Neurodegenerativas (medida 11).
En la reunión con la entidad ConELA ha participado también Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, y Pedro Gullón, director general de Salud Pública y Equidad en Salud, y se ha subrayado, además, que este plan para desplegar la Ley ELA está en consonancia con la estrategia estatal para transformar el modelo de cuidados en España, presentada por Pablo Bustinduy en Consejo de Ministros, donde fue aprobada el pasado mes de junio.
Esta estrategia, que cuenta con una dotación inicial de 1.300 millones de euros, tiene como objetivo fomentar una atención personalizada, con cuidados en el hogar y en entornos comunitarios, para mejorar la autonomía de las personas con dependencia. Así mismo, se ha recalcado la importancia de los dos centros puestos en marcha por el Gobierno, en Asturias y en Extremadura, que ofrecen una atención especializada a personas con ELA y a sus familiares.
